La exposición del ministro de Economía, Mario Bergara, en la Comisión Permanente del Parlamento, el 12 de febrero, fue un hecho único donde el Poder Ejecutivo y el Legislativo, juntos, dieron luz verde a pasarle por arriba a la Dirección General Impositiva (DGI).
El Parlamento legitimó en un par de horas, y sin discutir mucho, la decisión de Presidencia de la República de archivar la causa de Casal con la DGI, que le reclamaba 10 millones de dólares.
En el caso de Presidencia el argumento fue de un posible juicio al Estado ante un hipotético triunfo de Casal en el pleito ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Era un susto amparado en una doble hipótesis, en una suma de probabilidades.
En el caso del Legislativo ni amenaza hipotética hubo. Fue más fácil y triste aún, el temor al zar de los medios de comunicación y el fútbol rondó la sesión como un fantasma y con eso bastó.
Gracias a la actitud temerosa de los legisladores, el ministro de Economía, Mario Bergara, resolvió una tarea difícil de manera sencilla. Bergara tenía que convencer a la oposición de una decisión de Presidencia con la que discrepaba el anterior ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el actual titular de la DGI, Pablo Ferreri. Bergara tenía que explicar algo de lo que no está convencido y, además, admitir ante los legisladores que por primera vez en la historia Presidencia pisoteó la independencia de la Impositiva.
Era muy fácil para la oposición poner en aprietos a Bergara. Pero eso nunca pasó. Y no sucedió porque la oposición hizo la más fácil, se centró en los errores de los funcionarios de la DGI. A nadie se le ocurrió cuestionar con firmeza por qué Presidencia por primera vez en la historia resolvió un caso de la DGI, un caso que justo involucra un empresario que tiene relación con el presidente, un empresario que le armó un viaje de negocios a España. Y los que cuestionaron la decisión de Presidencia lo hicieron en defensa de Casal, dijeron que el principio de igualdad se violó en contra de Casal.
Parecía obvio que esto iba a ser así. Pegarle a Casal es un riesgo, es meterse con quien domina los canales de televisión. Y si no se metieron con él en 20 años de impunidad, por qué iban a arriesgar en año electoral. Además, los legisladores sabían que el tema pasaría de largo en el periodismo, que iba a ser ignorado a pesar de lo atractivos que tenía. Repasemos los ingredientes para ser uno de los acontecimientos del año, de esos que dan tema en cualquier país: expresidente cita a ministro de Economía por el archivo de un juicio tributario a uno de los mayores empresarios de medios y del fútbol. Y se podía agregar: la decisión de Presidencia pasó por encima de la Impositiva y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En cualquier país esto era un hit. Acá fue unos minutos, unas líneas en los medios.
Y eso que la sesión no defraudó, dio vergüenza por todos lados.
El senador Luis Alberto Lacalle fue quien convocó a Bergara y en el comienzo de la sesión habló de “transa” con Casal y de “algo nunca visto”. Parecía que iba a arremeter contra el acuerdo de Presidencia y el favor al empresario; fue un espejismo. Lacalle dio enseguida a entender para donde iba su discurso y habló de un empresario “perseguido” y de “la envidia” de los uruguayos hacía él. Dio pena el senador.
Lo del resto de los legisladores dio bronca, todos jugados al golpe más fácil, sin prestar atención a lo que Bergara les decía. El ministro les dijo en la cara que Presidencia archivó el caso de Francisco Casal ante la DGI por un dictamen no vinculante de un solo fiscal de gobierno, Daniel Borrelli. Bergara señaló que el otro fiscal, Miguel Angel Toma, y el asesor externo contratado por el Ministerio de Economía habían definido que Casal no había defraudado pero sí que debía los impuestos. Igual que el Ministerio de Economía y Finanzas y la DGI.
El dictamen de Toma “básicamente se concentraba en el hecho de la no existencia de defraudación, que es la inmensa mayoría del monto que podía demandarse (en concepto de) multa por defraudación y del plazo de prescripción si correspondían 10 o 5 años. Pero se mantenía la tónica de que había una deuda desde el punto de vista tributario”, dijo Bergara en el Parlamento.
Esta declaración pedía a gritos una explicación ¿cómo archivaron una deuda millonaria por un solo fiscal de gobierno? Pero nadie preguntó. Y Bergara jugó tranquilo y contó lo que le convenía: hizo hincapié en el archivo del caso en la Justicia Penal a favor de Casal pero no ahondó en las dos instancias en lo civil que ganó la DGI.
El tema Casal es complejo, pero hay cosas que se pueden entender con alguna simplificación.
En materia penal, de posible defraudación, la Justicia y los especialistas dijeron que no hubo delito. En materia civil, de la deuda que reclama la DGI por los pases de los futbolistas el panorama es otro: una jueza en primera instancia, un tribunal de tres jueces en segunda instancia, un especialista tributario contratado por el Ministerio de Economía y un fiscal de gobierno dijeron que debía esa plata. Lo mismo pensaban el MEF y la DGI. Sin embargo, el presidente José Mujica, en noviembre, decidió archivar. Se la jugó por el empresario con la decisión de un fiscal de gobierno cuyo dictamen era solo un insumo más para un fallo del TCA.
Ahora, lo que hizo el Parlamento fue institucionalizar el miedo. Lograron convencernos de que el principio de igualdad no corre siempre.
Fue un día histórico: un día donde los miedos propios dieran vergüenza ajena.
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