El 24 de diciembre, mientras la mayoría estaba con la cabeza en la cena de Nochebuena, Peñarol iba al Juzgado del Crimen Organizado de segundo turno para presentar junto a otros siete equipos y a la Mutual Uruguaya de futbolistas, una denuncia contra las autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Peñarol, Miramar, Cerro Largo, El Tanque, Rentistas, Fénix, Cerro, Racing y la Mutual de futbolistas, estaban ahí para cumplir con la exigencia de Francisco Casal, quien una vez más se salía con la suya en el fútbol uruguayo.
Por Peñarol firmó el vicepresidente, Edgar Welker, en un hecho llamativo. “Salvo que el presidente Juan Pedro Damiani esté de licencia o que Welker tenga un poder especial para firmar, la firma del vicepresidente no tiene validez”, dijo un directivo de Peñarol. La fuente añadió que “estamos igual que antes del sorteo de la Libertadores. No hubo nada nuevo como para recurrir a la Justicia”.
El presidente de Racing, Raúl Rodríguez, señaló que “es probable que sea un conflicto de intereses entre Casal y la Conmebol” pero agregó que “hay que separar” entre quién la propone y de qué se trata la denuncia. “Lo mejor para todos es que la Justicia resuelva si esto es real o no”, expresó.
“Nos pidieron la firma dos días antes del sorteo de la Libertadores pero luego hubo una etapa de negociación”, dijo Rodríguez. El presidente de El Tanque y brazo ejecutor de Casal dentro de la AUF, Freddy Varela, fue quien le envió la denuncia penal a Racing. “Consultamos el tema legal con abogados y el tema político con la directiva”, comentó Rodríguez.
Rodríguez dijo que “podría ser” que lo que Casal denuncia de la Conmebol sea igual que el vínculo que tiene Tenfield con la Asociación.
“Obviamente que esto es a pedido de Casal y los clubes ayudamos a cambio de algo”, dijo a 180 otro dirigente de uno de los clubes chicos e involucrados en la denuncia.
La historia empezó unos meses antes.
Comenzaba octubre y faltaban pocos días para que Uruguay jugara ante Ecuador un partido clave por las Eliminatorias. Francisco Casal estaba preocupado por otras cuestiones. Entonces citó a delegados y presidentes de los clubes en la sede de la DIFA, Dirigentes de Fútbol Asociados, para explicarles que la Conmebol les daba poco dinero.
La presentación la hizo uno de sus abogados, Jorge Pereira Schurmann, quien en su informe habló de la diferencia entre lo que recibió la Conmebol por televisación y lo que repartió por el mismo concepto. Además insistió en el dinero que la Confederación había perdido por no aceptar la oferta de Global Sports. Al finalizar la reunión, se le entregó a cada dirigente dos biblioratos con información sobre el tema.
“Lo que quedó claro ese día es que había que darle una mano a Paco de la forma que él nos pidiera”, dijo a 180 un participante del encuentro.
La relación entre Casal y la Conmebol estaba tensa y se rompió definitivamente cuando el 2 de diciembre la Conmebol resolvió desvincularse de Global Sports Partners, con quien tenía un acuerdo por patrocinio y publicidad de la Copa Sudamericana. “Fundó su decisión en los graves y reiterados incumplimientos de las obligaciones económicas que a lo largo de toda la relación contractual se han venido sucediendo”, anunció la Confederación en un comunicado.
Ante la imposibilidad de hacerse un lugar dentro de la Conmebol, Casal y su círculo avanzaron con la idea de la denuncia penal. El empresario comunicó esta idea en dos reuniones realizadas a comienzos de diciembre en el Mercado Agrícola de Montevideo y organizadas por el presidente de El Tanque, Freddy Varela.
Luego Casal se juntó dos veces con Damiani, en la segunda reunión participaron también otros dirigentes carboneros, y le sugirió ir a la Justicia.
Los ocho clubes que hicieron la denuncia penal son los mismos que en enero de 2012 hicieron punta para que Tenfield prolongue el contrato con la AUF hasta el 2021, a pesar de que el Ejecutivo estaba en contra de extender un vínculo al que todavía le quedaban cuatro años.
La respuesta de la Conmebol
Tras la denuncia penal, el Tribunal de Disciplina de la Conmebol se puso actuar con el argumento de que se violó una norma de FIFA, quien no permite que los clubes vayan a la Justicia.
Entre los castigos previstos está la suspensión de las instituciones de las competencias internacionales.
Cuando Peñarol anunció que acataría el pedido de Casal y haría la denuncia penal, la Conmebol contraatacó duramente con un comunicado.
Allí considera que “la campaña pública de difamación que desde hace unos meses se viene realizando en contra de la Conmebol y sus dirigentes” tiene “el único propósito de sus instigadores la adquisición, sin importar los medios, de los derechos de televisión de las competiciones continentales de clubes organizadas por esta Confederación”. Afirma además que “en la referida campaña de descrédito han participado y participan instituciones deportivas y personas integrantes de la organización del futbol sudamericano”.
Dice el comunicado que en la actualidad los derechos se encuentran ya comercializados con empresas de “reconocido prestigio, trayectoria y demostrada solvencia en el cumplimiento de sus obligaciones económicas”.
Según la Conmebol, con el dinero de esos derechos se obtuvieron y se obtienen “importantísimas contraprestaciones económicas que han revertido y revierten directamente en el desarrollo del fútbol sudamericano y en los clubes participantes en sus competiciones a través de sus asociaciones”.
Asegura el comunicado que esta campaña pone en riesgo la estructura del fútbol y que “utiliza la difamación pública, así como otras amenazas como la posible instrumentalización de la justicia, como elementos de coacción al servicio de intereses ajenos al fútbol”.
Ante esto, la Conmebol resuelve: “reiterar la honorabilidad” tanto de la entidad como de sus miembros, recalcar el “compromiso en el cumplimiento de los vínculos contractuales”, rechazar “toda amenaza, coacción o extorsión que pueda ejercerse con el único propósito de obtener por este medio la satisfacción de intereses de carácter exclusivamente económico y comercial” y permitirse iniciar acciones legales “contra aquellas instituciones o personas, pertenecientes o no al fútbol organizado, que cuestionen, actúen, instrumentalicen o accionen por cualquier medio contra la honorabilidad de la Conmebol y sus dirigentes”.
