La diputada socialista Daisy Tourné, que ingresó hace siete años este proyecto de ley al Parlamento, dijo que lo que se quiere es dar una direccionalidad a la compra de software en el estado. “Cuando uno quiere lograr que el Estado funcione de determinada manera lo tiene que decir por ley. Lo que queremos es que el Estado utilice el software libre, que lo promueva, que lo promueva en el sistema educativo, que prefiera utilizar formatos estándar abiertos y libres, antes de privativos. Por lo tanto, si no lo hace, tiene que ser por una razón muy fundada y lo tendrá que poner por escrito. Tenemos que darle una discrecionalidad, no creemos en el mercado libre que ya demostró lo que es”, afirmó.
Este aspecto del proyecto fue criticado por la oposición, que considera que el Estado debe justificar su elección en todos los casos, no solo cuando se adquiere software privativo.
En el Senado el proyecto de ley fue votado por unanimidad en general, pero el artículo 2, que contiene esta disposición, fue votado solo con los votos del Frente Amplio.
El senador Amorín Batlle justificó así la razón de por qué no votó ese artículo, la semana pasada cuando se votó el proyecto en la cámara alta. “Supongamos que hay una oferta de software libre que se entiende que es peor o más cara y el Estado uruguayo decide comprar software privativo, ¿se podrá impugnar por una empresa de software libre diciendo que tiene preferencia? No tiene sentido esta norma”, dijo el senador colorado.
El proyecto de ley establece que el Estado deberá distribuir y aceptar toda información en al menos un formato abierto, estándar y libre, y que el intercambio de información a través de internet deberá ser posible en al menos un programa licenciado como software libre.
Tourné dijo que es como si la obligaran a ir hasta el Palacio Legislativo en un auto de determinada marca. “En algunos lugares puede permanecer el hecho de que todavía tengas que entrar por exploradores que corran en software privativo. Creo que cada vez menos pero esa va a ser una de las ventajas. Además supongo que cambiaremos en las tablas de concursos y en esas cosas que presenten los datos en word. Es como que me digan que tengo que venir al Palacio Legislativo en Volkswagen”, ironizó.
La diputada Tourné explicó algunas de las ventajas que tiene para el Estado la adquisición de software libre. “Yo creo que la primera es un criterio de seguridad. Cuando usás software privativo estás usando una caja negra que no sabés dónde van los datos, no accedés al código fuente. La segunda es poder trabajar en interoperabilidad que es fundamental si queremos una reforma del Estado, si queremos eficiencia, si queremos que la gente tenga derechos de tener una ventanilla única de trámites. Tenés que tener garantizada la interoperabilidad. Eso lo lográs con formatos abiertos. Además, la soberanía. Las compras del Estado, que para mí es un detalle menor en todo esto, ya no deberán depender de la voluntad que puedan tener los productores de software de cambiarlo a cada rato para que te enganches comprando más y más”.
Con base en un informe de Gabriel Farías de No toquen nada.
