"Si se considera que la población afrodescendiente constituye el 7,8% de la población total del país, la proporción estimada de personas afrodescendientes que ocupan altos cargos registrados evidencia las barreras existentes para el acceso a posiciones de poder en diferentes ámbitos de la sociedad, principalmente en el Estado y en el sector empresarial", sostiene el informe "Situación socioeconómica y mapa político y de liderazgo de la población afrodescendiente del Uruguay" publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Esta desigualdad en el acceso se hace más evidente cuando se considera el puesto de CEO de medianas y grandes empresas: en este caso, el porcentaje de población afrodescendiente se reduce a 0,2%.
En cambio, en ONG y sindicatos hay una sobrerrepresentación, ya que alcanzan o superan el 10%, observa el reporte, indicando que esto puede deberse a que muchas de estas organizaciones se dedican especialmente a temáticas sociales pero también a que las reglas del juego que permiten el ascenso jerárquico en este tipo de instituciones es distinto a las reglas del mundo empresarial, estatal y en las universidades y medios de comunicación.
La dificultad de acceder a cargos jerárquicos "es una de las visiones más visibles de la desigualdad", señaló en la presentación del estudio el viceministro de Industria, Edgardo Ortuño, quien fuera el primer legislador afrouruguayo electo en el país.
"América Latina ha crecido en la última década, pero ese crecimiento no llegó a todos", señaló en tanto Silvia García, coordinadora del proyecto regional PNUD "Población afrodescendiente de América latina II".
"Los afrodescendientes de América Latina tienen más problemas de desempleo, menor cantidad de años de escolarización", ejemplificó.
Según el informe del PNUD, los niveles de pobreza de la población afrouruguaya duplican los de la población no afrodescendiente y en el caso de la tasa de indigencia, los triplican.
Esta población tiene además niveles de rezago educativo y de deserción escolar más altos y es muy bajo el porcentaje de jóvenes afrodescendientes que cursan estudios terciarios.
En el mercado de trabajo, esta población desempeña ocupaciones de baja calificación y productividad, lo que les impide mejorar sus condiciones de vida.
El año pasado el Parlamento aprobó un proyecto para brindar becas educativas a los afrodescendientes y destinar el 8% de las vacantes en el Estado a esta población. Se trata de la primera ley de acción afirmativa dedicada al sector afrodescendiente en Uruguay y se aplicaría durante 10 años.
(AFP)
