El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) lanzó este miércoles un llamado a concurso para la población trans. Se trata de cinco puestos de trabajo para tareas administrativas y dos puestos para servicios de portería.
Tras la publicación del llamado, el diputado Pablo Abdala realizó un pedido de informes al MIDES al considerar que el procedimiento es ilegal por tratarse de una discriminación no autorizada por la ley, como sí sucede con las cuotas para afrodescendientes o discapacitados, por ejemplo.
En el informe solicita conocer las características del llamado, saber si el Ministerio considera estar habilitado legalmente para realizar un llamado en exclusivo para el colectivo de trans y si hay informes jurídicos al respecto, entre otros puntos.
“El MIDES se ha salteado ni más ni menos que la aprobación y la autorización legislativa”, manifestó a 180 el diputado, quien entiende que las acciones afirmativas tienen que estar avaladas por una ley que, en este caso, habilite la incorporación del personal porque de lo contrario se corre el riesgo de que el accionar sea calificado como ilegal.
Por su parte, el director de Políticas Sociales del MIDES, Andrés Scagliola, expresó a 180 que “el llamado ha seguido todo el curso que sigue cualquier otro tipo de llamado y fue finalmente validado por la Oficina Nacional de Servicio Civil”.
El objetivo del diputado para con el pedido de informes es que el tema se discuta en el Parlamento y se proceda de igual forma que se hizo con otros colectivos, como es el caso de la cuota para afrodescendientes, proyecto del que Abdala formó parte. Y agregó que este llamado es dirigido únicamente a trans, por lo que de conversarse el tema también habría que considerar a otras personas como puede ser el caso de los gays.
“Yo parto de la base, por supuesto, de que eso se hizo con la mejor de las intenciones y me parece muy bien que se procure establecer o implementar medidas que tiendan a contemplar los casos de discriminación. Lo que también digo es que esos casos deben hacerse de acuerdo a la ley”, aclaró Abdala.
De todos modos, Scagliola dijo que si se tuviera la iniciativa de generar una ley que los contemplara apoyarían el proyecto, pero que “hablar sobre discriminación no tiene ningún asidero porque las acciones afirmativas no constituyen una discriminación sino que son un elemento para combatirlas”.
Abdala fue a las consecuencias que puede traer el llamado hecho de este modo y manifestó: “mañana va a ser muy vulnerable y cualquiera lo va a poder impugnar y si lo impugnan y eventualmente termina, por ejemplo, en una anulación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entonces ahí hay que dar todo marcha atrás, las personas que hayan sido beneficiadas perderán su trabajo y seguramente para el Estado el dolor de cabeza va a ser mucho peor”, concluyó.
