El procedimiento realizado el lunes incluyó la incautación de fotocopias y fotocopiadoras, además de la detención de más de 30 personas. Finalmente, sólo quedaron como responsables ante la Justicia los propietarios de los locales.
La denuncia que activó a la Justicia fue hecha en 2011 por la Fundación de Cultura Universitaria. Gastón Gianero, uno de los cuatro directores actuales de la Fundación, dijo a No toquen nada que la denuncia fue por el fotocopiado de obras enteras.
"En el año 2001 ya hubo una denuncia y en la medida que se incrementó el fotocopiado integral de las obras, se entendió que debía formularse de nuevo una denuncia en 2011. La denuncia es por la reproducción de obras íntegras, el fotocopiado de fragmento no adquiere la trascendencia de la reproducción íntegra, que no constituye una ayuda al estudiante y es directamente el desarrollo de una actividad comercial", sostuvo.
Gianero dijo que un mayor tiraje de los libros que edita la fundación -y que hoy no se alcanza porque parte del mercado está cubierto por fotocopias- podría generar un abaratamiento importante de los textos.
"Esto atenta directamente contra la actividad y los derechos, no solamente de autores o editores, sino de los propios estudiantes. En la medida que disminuye la cantidad de potenciales adquirentes, se disminuye el tiraje de las obras y se incrementa el precio unitario de cada una de las obras. Nosotros tenemos hecho un cálculo, un tiraje de 1.000 ejemplares de un libro nos abatiría el costo unitario a un tercio de lo que saldría editar 200 ejemplares. Es ahí donde la incidencia de este tipo de negocio conspira contra el acceso a la cultura y el abaratamiento de los costos unitarios de la obra", explicó Gianero.
La ley establece que "el que edite, venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio o instrumento -total o parcialmente-; distribuya; almacene con miras a la distribución al público, o ponga a disposición del mismo en cualquier forma o medio, con ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra inédita o publicada, una interpretación, un fonograma o emisión, sin la autorización escrita de sus respectivos titulares o causahabientes a cualquier título, o se la atribuyere para sí o a persona distinta del respectivo titular, contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en la presente ley, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría".