El proyecto de ley, presentado hace dos años y medio, ya había sido aprobado en la cámara baja, pero debió ser ratificado porque el mes pasado el Senado le había realizado modificaciones.
La ley define como minería de gran porte los proyectos de explotación de minerales metálicos que ocupen una superficie superior a 400 hectáreas de intervención directa o que suponga una inversión superior a 113 millones de dólares.
A su vez, prevé gravar la renta operacional proveniente de la actividad minera, y obliga a las empresas que extraigan el mineral a presentar un plan de cierre para cuando finalicen las extracciones.
El proyecto fue elaborado tras más de un año de negociaciones entre los distintos partidos políticos, pero finalmente solo el Partido Independiente y un diputado de la oposición acompañaron la iniciativa.
La flamante norma, que ahora pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación, surgió por el debate generado por la llegada del proyecto de explotación de hierro de la minera Aratirí -filial local del grupo indio Zamin Ferrous- que de concretarse abarcaría cinco departamentos del centro-oeste del país, sobre una zona de 14.000 hectáreas.
La inversión de Aratirí está estimada en 2.800 millones de dólares, lo que representaría la mayor en el sector privado en la historia del país.
Cuestionamientos
El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) recordó el lunes que el proyecto otorga un marco normativo específico para la minería de gran porte "mucho más garantista que el Código de Minería vigente".
Pero la norma ha movilizado a organizaciones medioambientalistas y productores rurales que consideran que la explotación minera a gran escala generará un desgaste irrecuperable.
El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) recordó el martes en un comunicado que una reciente encuesta de la consultora Radar sostiene que el 46% de la población rechaza la minería de gran porte.
A su vez, anunció que con la norma ya aprobada denunciarán ante la Suprema Corte de Justicia "una serie de inconstitucionalidades" de la misma, pero además recolectarán firmas para convocar a un referéndum para derogarla.
"La lucha recién empieza porque esta ley de minería de gran porte lo único que aporta es un espacio de prebendas especiales con nombre y apellido, como se ha denunciado en el Parlamento, para el proyecto Aratirí", dijo a la AFP Ana María Arrieta, de MOVUS.
Para Arrieta, la aprobación de la ley "es un golpe muy duro", pero "habrá que pelear para que no se habilite este proyecto particular, en el marco de una lucha más general contra el avance de la minería".
La semana pasada, el presidente José Mujica criticó a quienes se resisten al desarrollo de la minería indicando que representan intereses sectoriales.
"¡Qué poder cultural tiene la ganadería extensiva en Uruguay! Porque, en definitiva, el trabajo de minería paga el doble y el triple de los salarios mínimos que se pagan en la ganadería. (...) Hay intereses que se sienten agredidos porque les encarece mucho la mano de obra. Y en esas regiones, hay que pagarle más a los peones. Esta es la causa de fondo", enfatizó.
Según el mandatario, "no se trata de decirle no a la explotación y al progreso".
"Hay que decirle sí, pero hacer las cosas bien. Tendremos menos margen de ganancia, pero reservaremos los recursos y la naturaleza para el porvenir", insistió. "Es idiota que, teniendo la riqueza, no intentemos multiplicarla".
