"Uruguay no busca ser un ejemplo para el mundo, no busca ser un ejemplo para la región, busca dar una respuesta a los problemas que tiene la población uruguaya en el acceso, la salud y la educación", señaló.
Sabini explicó que los objetivos de este proyecto son asegurar los derechos de los usuarios, fortalecer los aspectos sanitarios y combatir el narcotráfico. "El narcotráfico busca aumentar el beneficio y no tiene garantías, no sabemos ni el grado de toxicidad ni de adictividad ni el perjuicio para la salud de producto. También vamos a combatir al narcotráfico y sus efectos nocivos en la sociedad. uno de cada tres presos tiene relación con el narcotráfico. Esto evitará los combates por territorio, las luchas por el poder, la violencia en los barrios y ajustes de cuentas", expresó.
"No nos estamos parando sobre la nada, nos paramos en la experiencia positiva que ha sido la regulación del tabaco. No solo por los aspectos presupuestales, sino porque en sí mismo la regulación va a aportar recursos que hoy están en el mercado negro, que tienen que ver con la producción social y el valor agregado. Ese mercado va a financiar la regulación y los proyectos de salud y educación. Estamos creando una norma con respaldo institucional para aplicarla. El Parlamento tiene que votar leyes aplicables, acá se crean mecanismos para que esa norma sea aplicable", afirmó.
Sabini dijo que el centro del proyecto está entre los artículos 17 y 41. Allí se crea un instituto de regulación que será una persona pública no estatal, encargado de otorgar licencias y permisos para realizar actividades de producción, distribución, acopio y expendio. La propuesta propone una regulación integral de toda la cadena y de sus aspectos colaterales, ya sea previos o posteriores al consumo.
También se prohíben las acciones publicitarias. "El proyecto no tiene un fin recaudatorio, detrás de cualquier campaña está el lucro y esto no tiene ese fin. Estamos acostumbrados a esas campañas en relación al alcohol"
Para explicar el trabajo que tendrá este instituto, Sabini trazó un paralelismo con lo que hace el Instituto Nacional del Vino (Inavi). "Cuando se dice que el Estado no puede realizar regulación, eso es cierto para algunos aspectos pero falso para otros. La regulación en nuestro país es de gran calidad. Tengo aquí a representantes pedrenses -donde está emplazado el Inavi- y les aseguro que conocen muy bien que se controla que lo que se va a producir es producto de la viña y que cuando un usuario consume sabe que está consumiendo vino. Por eso una regulación de este tipo es totalmente factible y aún diría más, en el caso del cannabis con un procesamiento mucho menor. Producir vino es bastante más difícil que producir cannabis", sostuvo.
La identidad de los usuarios estará protegida. "Uruguay no venderá libremente cannabis. Quienes quieran acceder tendrán que presentar su cédula y ese dato estará protegido en el sistema de farmacias así como pasa hoy con la tarjeta verde. Las farmacias tienen el mandato legal de expender drogas, ya tienen un sistema de recursos humanos, de locales, de software y seguridad que permite establecer ese sistema regulado que protege la identidad de usuarios. Con un elemento aditivo, no esperamos que todas las farmacias puedan expender, esto será para de la regulación. En Uruguay hay un local de venta de alcohol cada 136 habitantes, algo así como uno en cada esquina. No habrá un local de venta de cannabis en cada esquina", sostuvo.
