Este jueves El País informó de la presentación de un proyecto en la Junta Departamental para eliminar el problema de los más de 600 contenedores que sufren actos de vandalismo cada mes en Montevideo.
El proyecto, elaborado por el edil Miguel Di Ruocco, plantea que cada seis cuadras haya dos “vigilantes sanitarios” y papeleras en cada esquina de las avenidas para que las personas no ensucien las calles ni cometan actos vandálicos contra los contenedores.
El edil explicó a 180 que el proyecto “se costea con el millón de dólares que sale el arreglo de los contenedores” cada año.
“El dato que nos dio la Intendencia es que el costo anual (por arreglar contenedores) es más de un millón de dólares. Con ese millón de dólares vos podés contratar gente que no tiene trabajo, del Mides, de una ONG o público en general. Es un trabajo para el que no necesitás tener preparación profesional sino que tenés que estar capacitado para tener trato con el público”, explicó el edil.
Los vigilantes trabajarían seis horas durante el día, estarían uniformados y tendrían un celular para mantenerse conectados con la seccional policial y el municipio.
“Es un proyecto piloto. El tema es que la Intendencia, como todas las cosas, no te lo lleva porque la propuesta es del Partido Nacional, de un edil blanco, no de un edil del Frente Amplio”, dijo Di Ruocco.
“Lo que queremos nosotros es lograr que gente que recibe beneficios sin ninguna contraprestación de trabajo, porque capaz que por la preparación no encuentran un trabajo que le permita cumplir una tarea, acá la van a poder hacer, porque acá no se les pide ni inglés, ni computación ni estudios universitarios o secundarios”, dijo Di Ruocco.
A los vigilantes se les exigiría Primaria completa y tendrían que realizar un “curso intensivo de al menos dos meses" para instruirse en materia de trato con público y condiciones reglamentarias de trabajo, según dice el proyecto.
El edil pretende que este proyecto piloto se aplique sobre la Avenida Millán, desde San Martín hasta el Puente Miguelete en un periodo de seis meses, con dos “vigilantes” cada seis cuadras.
“Hay 30 inspectores de Inspección General en todo Montevideo. ¿Cómo hacés para controlar 9.000 contenedores? No tienen forma”, dijo el edil.
Con este plan “resolvés el problema de vandalismo, resolvés el problema cultural de la gente que tira basura y resolvés el problema de los hurgadores que ya no van a poder tirar la basura fuera del contenedor porque van a estar controlados”, señaló.
El secretario general de la Intendencia, Ricardo Prato, dijo que en Montevideo hay “más de 25 incendios de contenedores diarios”. Cada contenedor tiene un valor de 800 dólares y su arreglo cuesta entre 300 y 400.
Tres procesados con prisión
En la medianoche del jueves 25 de abril tres hombres fueron detenidos por la policía por incendiar un contenedor en la calle Ombú. Un día después la jueza María Helena Mainard dispuso su procesamiento con prisión.
Si bien la Intendencia informó que estos fueron los primeros procesados por quemar contenedores, en agosto del año pasado en Canelones un joven fue procesado sin prisión por un hecho similar.
Raul Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia, explicó a 180 que el juez “simplemente toma en cuenta la importancia del delito” y por eso resuelve aplicar prisión preventiva. “El juez considera que por la entidad o la naturaleza del delito cometido corresponde el procesamiento con prisión” ya que “a ese delito es importante perseguirlo y castigarlo”.
Ricardo Prato señaló que este procesamiento “es una buena señal”.
El Artículo 206 (Incendio) del Código Penal señala que “el que, en cosa ajena o propia, mueble o inmueble, suscitare una llama con peligro de la seguridad de las personas o bienes de los demás, o con lesión efectiva de tales derechos, será castigado con doce meses de prisión a dieciséis años de penitenciaría”.
