El documento está firmado por el ministro Roberto Kreimerman. Allí se informa que el llamado a concurso para la asignación de nuevas frecuencias de televisión digital, suspendido desde el 23 de enero, será reanudando este mes de abril.
El gobierno modificó el procedimiento de asignación de frecuencias, al sacar a los canales 4, 10 y 12 del concurso al que se deberán presentar los nuevos interesados y asignarles un canal digital automáticamente.
Industria informó que el decreto original de mayo de 2012 ya establecía diferencias entre los potenciales nuevos titulares y los actuales. Además, sostuvo que "entiende conveniente propiciar la continuidad de los actuales servicios de televisión comercial en el nuevo entorno digital y que el decreto de diciembre tiene por objetivo esclarecer algunos aspectos instrumentales del procedimiento".
La respuesta también afirma que "la legislación no puede desconocer que estamos ante un panorama variado en la materia y que se parte de puntos disímiles: en un caso los actuales operadores hace 50 años que forman parte del quehacer televisivo nacional, mientras que los eventuales nuevos interesados serán entrantes al sistema".
También señaló que no existió por parte del Estado uruguayo un obrar violatorio del Principio de Igualdad.
Las modificaciones al decreto digital determina que los actuales canales 4, 10 y 12 no competirán con los eventuales nuevos operadores y se les asignará un canal completo automáticamente, por un plazo de 15 años.
También se quitó el requisito de que los actuales licenciatarios presenten documentos que demuestren su capacidad económica, acrediten solvencia moral y de efectuar un depósito en garantía por entender que ya están en funcionamiento.
Además, los canales deberán presentar un plan comunicacional, que en principio no será evaluado por la Comisión Honoraria Asesora Independiente ni será sometido a la opinión de la sociedad a través de una audiencia pública.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos había solicitado a Presidencia de la República y al Ministerio de Industria que informaran sobre el estado actual del proceso de asignación de frecuencias de televisión digital en Montevideo, suspendido desde ese mes. La consulta fue realizada a instancia de una denuncia presentada por las ONG que conforman la Coalición por una Comunicación Democrática.
La denuncia argumenta que “existe un riesgo cierto de que algunas decisiones adoptadas por el Estado uruguayo puedan llevar a que éste viole los estándares internacionales de libertad de expresión; el derecho a la información; el pluralismo y la diversidad en la radiodifusión.”
El Ministerio de Industria justificó la suspensión en garantizar una amplia participación de los postulantes interesados en presentarse al llamado. A entender del ministerio, esto se podía frustrar debido al plazo breve establecido originalmente (45 días a partir del día siguiente de la publicación de la resolución del Poder Ejecutivo de aprobación del Pliego, es decir, mediados de febrero).
Gabriel Kaplún, representante de la Universidad de la República en la comisión que evaluará los proyectos para obtener un canal de televisión digital en Montevideo, discrepó con las modificaciones que realizó el gobierno en el marco regulatorio y en el pliego de condiciones para la asignación de frecuencias.
Según dijo a No toquen nada, está molesto con la forma en que el gobierno procesó estos cambios sin consultar a la comisión asesora.
La Comisión Honoraria Asesora Independiente, que preside Kaplún, fue creada en 2008 cuando se actualizó la normativa de asignación de frecuencias de radio.
Está integrada por representantes del Ministerio de Industria, Ministerio de Educación, Universidad de la República, universidades privadas, medios de radiodifusión, Asociación de la Prensa del Uruguay, Cámara del Audiovisual del Uruguay, Sociedad Uruguaya de Actores y de una ONG que trabaje en temas de libertad de expresión.
En agosto del año pasado el gobierno solicitó a esta comisión que se encargue de evaluar también los proyectos de televisión digital.
