El proyecto, que fue aprobado por 60 votos en 71, con el apoyo del Frente Amplio y del Partido Colorado, ahora deberá ser tratado en el Senado. El texto también señala que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los entes autónomos, los organismos descentralizados, las empresas donde el Estado posea mayoría accionaria, los gobiernos departamentales, las Juntas Departamentales, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral y los organismos de contralor del Estado, “deberán distribuir toda información en al menos un formato abierto, estándar y libre”.
El viernes pasado el proyecto fue aprobado en la Comisión especial de innovación, ciencia y tecnología con los votos del Frente Amplio. Este proyecto fue retomado luego de haber sido presentando en 2003 por la bancada del Frente Amplio.
“Nosotros nos hemos acostumbrado a que el estado funcione en general manejándose con software privativo, o sea, software que en cada máquina que vaya a utilizar el estado hay que pagar licencias”, dijo Tourné en la cámara baja.
La diputada aclaró varias veces que software libre “no tiene nada que ver con software gratuito” y recordó que el fundador del software libre, Richard Stallman, estuvo apoyando este proyecto en la pasada legislatura. También recomendó su libro “Software libre para una sociedad libre”.
El software libre da “la libertad de ejecutar el programa sea cual sea el propósito” y “la libertad de modificar el programa para ajustarlo a tus necesidades”, explicó la diputada socialista.
“Cuando nosotros compramos un paquete cerrado de software privativo tenemos que hacer lo que el programa nos manda a hacer y a veces no se ajusta a las necesidades que el Estado tiene. Además hay que pagar licencia”, agregó.
La diputada recordó que en la legislatura pasada, cuando se presentó el proyecto, “el Codicen debía 500 mil dólares en software privativo en una de las empresas que vende”, y en ese momento esa empresa “regaló las licencias al Codicen” porque “era más barato no cobrar las licencias pero asegurarse que el sistema educativo formaba usuarios para esa empresa”.
El tercer artículo de la ley establece que “se considera de interés general que el sistema educativo proceda a promover el uso de software libre”.
Tourné puso como ejemplo que la Intendencia de Montevideo “desarrolló un software libre apropiado para su gestión” que le interesó al Banco de Previsión Social, por lo que este “le hizo las modificaciones que necesitaba y ahora el BPS está trabajando con software libre”. También señaló que el Poder Judicial opera con software libre.
“Estamos hablando de un principio científico de cómo se genera el conocimiento y la capacidad ética de compartir el conocimiento”, indicó. El objetivo es que “la comunidad pueda aprovechar las mejoras introducidas en el programa”, dijo la diputada. “¿Qué es eso sino la ética de compartir, de crear, de colaborar?”, se preguntó.
Además, sostuvo que Uruguay “tiene la formación universitaria que se necesita” y que en esta área hay “cero desempleo”, por lo que “no se puede afirmar que no hay capacidad técnica y humana para llevar este proyecto adelante”.
“He visto llamados a concurso en los cuales le piden a la gente que presente su currículo en Word. Word es una marca de software privado”, dijo Tourné, y agregó que a ella nadie le puede decir: “Mire, señora, si usted quiere circular por la ruta 5 tiene que ir en Volkswagen”.
El artículo 2 del proyecto establece que “cuando se contraten licencias de software se dará preferencia a licenciamientos de software libre. En caso de que se opte por software privativo se deberá fundamentar la razón basada en aspectos técnicos que no puedan ser resueltos con software libre”. Sin embargo, Tourné entiende que “no existe impedimento alguno a nivel de lo técnico para que no se pueda desarrollar en software libre cualquier tipo de programa”.
“Fíjense los señores legisladores que tienen sus hijos en colegios privados, van a ver que trabajan con software libre. No será porque son tontos”, expresó Tourné.
Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, fue el más firme opositor al proyecto ya que considera que se apresuró la votación debido a que se acercaba fin de año. Aseguró estar de acuerdo con la apertura de la información, por lo que votó el primer artículo pero no el resto.
El representante nacionalista se apoyó en el director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC), José Clastornik, quien en el mes de octubre, invitado por la comisión, había expresado que la agencia está de acuerdo con el artículo 1° del proyecto. Sin embargo, consideró que “el Estado debe ser amplio para recibir ofertas y no limitar las propuestas de los potenciales proveedores”, por lo que no apoyó el segundo artículo.
Clastornik también había señalado que la mayoría de los ataques a páginas del Estado fueron realizados por hackers basados en tecnologías de software libre gratuito, aunque eso no implica que “si un programa está hecho con un software libre es inseguro”. El director de la AGESIC sostuvo que tampoco es correcto afirmar “que el software libre es mejor o más seguro”.
Según la diputada Tourné, el sistema educativo está “generando usuarios de determinado software privativo de determinada empresa multinacional” y no se le permite a los estudiantes “conocer otros sistemas” ni “meterse en el programa, modificarlo, crecer” y “aprender que el conocimiento es una creación colectiva”.
