Recibido el planteo de la mujer, se realizará una consulta con un equipo interdisciplinario de la institución compuesto por tres profesionales: un médico ginecólogo, otro especializado en salud psíquica y otro profesional del área social.
Luego de la consulta habrá un plazo mínimo de cinco días para la reflexión. Ni el equipo interdisciplinario ni los médicos de la institución podrán obstaculizar la voluntad de abortar de la mujer en caso de que persista. Las instituciones que no deseen hacer abortos estarán obligadas a proveer el servicio a sus afiliados pero podrán tercerizarlo o derivarlo hacia otros puntos del Sistema Nacional Integrado de Salud.
El proyecto será votado en los próximos días en Diputados y será enviado al Senado como versión con modificaciones del proyecto que llegó desde esa cámara.
El texto no elimina el delito del Código Penal pero si establece que no serán perseguidas las mujeres que actúan de acuerdo a los pasos que fija el proyecto.
