Mientras el país discutía un proyecto de legalización de la marihuana que funcionó de cortina (y que aún no se sabe cómo ni cuándo será redactado), el oficialismo mostró su peor cara y propuso las brigadas de moral y cívica.
El proyecto habla de consumidores, no de adictos problemáticos->http://www.180.com.uy/articulo/27230_Como-en-el-37. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo a Búsqueda que el proyecto no está dirigido a los consumidores de marihuana, que apunta al adicto de pasta base que a los tres meses de consumir “ya no es normal”. Pero Bonomi se olvidó de poner esto en el proyecto, que habla de estupefacientes en general.
El artículo 4 dice que “el que fuere encontrado en la vía pública o espacios públicos o privados no habilitados, en circunstancias que hagan presumir que se halla consumiendo sustancias estupefacientes, o que acaba de hacerlo o portándolas para su uso personal, siempre que tal circunstancia resulte un peligro para sí o para terceros, podrá ser conducido en forma inmediata, al Centro Asistencial que el Poder Ejecutivo disponga a estos efectos. La conducción sólo podrá llevarse a cabo por personal a cargo del Sistema de Atención a las Víctimas del Consumo de Estupefacientes (SAVCE)”.
Finalmente se dispone que “el Magistrado actuante podrá disponer que la persona permanezca internada en el Centro Asistencial y ordenará las medidas de diagnóstico y terapéuticas de urgencia que la situación requiera”.
Este artículo hace una transitiva aberrante, considera que cualquier ciudadano es sospechoso de ser consumidor, cualquier consumidor es sospechoso de ser adicto problemático y cualquier adicto problemático es sospechoso de delincuente.
Si se aprueba la ley cualquier ciudadano sospechoso de haber consumido estupefacientes, que se encuentre en la vía pública o espacios públicos, podrá ser internado compulsivamente en un centro asistencial. Cualquier ciudadano, así sea la primera vez que consume, así consuma con control hace 25 años, así sospeche la brigada que consumió.
No se aclara en ningún momento que la persona a internar debe ser un adicto, ni siquiera que esté causando riesgo inminente. Podrá ser internado, hasta 24 horas, solo con la sospecha de la brigada Savce.
Se conformará, según la exposición de motivos, una brigada con un equipo multidisciplinario que decidirá y presumirá varias cosas: si la persona consumió, si es un peligro para sí mismo, si es un peligro para terceros. Además, decidirá si tiene drogas para uso personal.
Todo lo decidirá el Savce, la brigada de la moral y de las buenas costumbres que inventó la izquierda uruguaya.
En No toquen nada, el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Aníbal Pereyra dudó si este procedimiento daba las garantías adecuadas y dijo que puede ser modificado en el Parlamento.
El abogado de Ielsur Martín Fernández dijo que no hay garantías y que es inconstitucional.
Pero esa primera internación de hasta 24 horas es solo el comienzo. En el artículo 6 se dice que “en caso de resolverse la internación de la persona para su tratamiento, el Juez, previo informe del médico forense, dispondrá que la misma se lleve a cabo en el establecimiento público o privado que el Poder Ejecutivo habilite a esos efectos”.
No hay plazos. Si al juez de familia, que no debe por qué tener la más pálida idea de qué es un consumidor problemático, se le ocurre unos meses de internación, la persona perderá sus estudios o el trabajo. Además, el juez decide por teléfono, no hay acto presencial.
El abogado Javier Palummo, director ejecutivo de la Fundación Justicia y Derecho, señaló en una columna en 180 que este proyecto es casi el mismo que el decreto- ley de Estupefacientes impuesto por la dictadura en 1974.
Esto es lo mismo que pensaban los militares de los consumidores. Lo mismo pero 40 años después, con una cantidad de información sobre el consumo y los consumidores, sobre adictos y tratamientos, sobre la internación compulsiva y la reducción de daño. Nada de todo ese valioso material científico es usado aquí, solo se piensa en limpiar las calles de posibles problemas.
El proyecto vino con un paquete de proyectos (es uno de los tres presentados al Parlamento el jueves 28 de junio) todos con inflación penal y de carácter represivo. Todos obviando la actitud histórica del Frente Amplio de oponerse a la inflación penal como solución de la inseguridad. El Frente está arriando una de las pocas banderas sensatas que tenía en materia de seguridad, está bajando los brazos ante los gritos, sucumbiendo a la tribuna.
El Ejecutivo no le tiene miedo a lo represivo. Lo dijo bien claro el diputado Aníbal Pereyra: “No tenemos que tenerle miedo a hablar de represión cuando se hace necesario”, dijo en No toquen nada.
Esto no lo hizo ni lo dice la derecha en Uruguay. Lo dice la izquierda en el poder.
Pero no importa la derecha o la izquierda, los progres o los reaccionarios.
No deberíamos caer en ese falso dilema.
Esto es un mamarracho, así de simple. Un mamarracho de algunos amantes de la mano dura que creen que las cosas se arreglan “agarrando del forro” a cualquiera sin la mínima idea de para qué. Acá se decide sin trabajar en serio en una gestión que aborde el problema con seriedad y rigor, con responsabilidad institucional, lejos del clamor.
En el Poder Legislativo podrán modificar y arreglar ese dislate de alguna cabecita trasnochada. Pero todos sabemos ya que parte del Ejecutivo piensa así. O no piensa.
Es obvio que hay que dar una respuesta a la inseguridad. Hay casi un consenso en que el Frente Amplio está fallando y no encuentra el rumbo. Hay una sensación de inseguridad grande en la ciudadanía.
Pero este proyecto de ley no está a la altura; es una respuesta tribunera, barata, al grito.
Este es un proyecto hecho por políticos con actitud de desesperación, con actitud de pastabaseros que, desesperados por una solución, sin razonar, se convierten en adictos a la represión.
Este es un proyecto represivo, sí, pero repulsivo también.
Las opiniones vertidas en las columnas son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente posiciones del Portal 180.
