“Es triste, es dramático, que un Estado esté discutiendo este tipo de legislación”, afirmó Fernández en No toquen nada de Océano FM. Al comentar el proyecto de ley sobre internación compulsiva, el abogado señaló que demuestra una “esquizofrenia” del gobierno. “Estábamos en un proceso de lograr una legislación tendiente al autocultivo de marihuana, luego pasamos a un escenario en el que se comenzó a hablar de que el propio Estado produciría y comercializaría y ahora a la persecución de quien tenga estupefacientes. La verdad es que el mensaje no es claro, no se sabe dónde se va. No hay rumbos”, afirmó.
Para él, el texto es “profundamente antidemocrático” y tiene “gravísimas inconstitucionalidades”. “Esta ley es pura noticia por teléfono y cero control jurisdiccional. En esta ley el juez recibe un llamado por teléfono. En ningún lugar se especifica que el juez vea la persona, que constate. Vamos a estar internando gente por teléfono”, describió.
“Además habla de ‘encontrado’ es decir que habrá gente que saldrá en busca. Y en la exposición de motivos habla de “brigada”, es decir que estamos en guerra contra el consumidor, contra el usuario”, agregó Fernández.
El especialista apuntó además que el proyecto está dirigido específicamente a un sector de la población. “En el artículo 8, cuando habla de forma preceptiva de un defensor de oficio, se les escapa a través de esa palabra que eso es para quien no puede pagar una defensoría privada, un abogado privado. Está tan claramente direccionado hacia un sector de la población, a los que consumen pasta base, que es tremendo”, explicó.
La definición de estupefacientes que emplea el proyecto de ley deja fuera el alcohol. Fernández recordó que el consumo de estupefacientes en Uruguay está permitido, no así la comercialización.
Fernández llamó la atención sobre que la figura de “la conducción” que propone el texto no es otra cosa que “una detención”. “A la persona se la priva de la libertad y se la lleva a un establecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre hablar de detención o de conducción? Ninguna. Toda la normativa internacional apunta cada vez menos a privar de libertad a la persona. No creo que ningún psiquiatra esté de acuerdo en iniciar un tratamiento con una internación compulsiva. Evidentemente habrá excepciones pero las políticas públicas no se diseñan en base a ellas sino en base a la regla. La regla no es que anda gente por ahí como loca como parece pintar este proyecto”, señaló.
Por otra parte, esa “conducción” estará a cargo de un equipo integrado por personal de los ministerios de Salud Pública y Desarrollo Social pero también los del Interior y de Defensa. “En las comisiones en ningún momento está el Poder Judicial. Son internaciones administrativas con una noticia telefónica al juez. Es grave”, afirmó el abogado. “¿Qué tienen que hacer el Ministerio del Interior y el de Defensa Nacional si esto es supuestamente de salud pública? No tiene pie ni cabeza”, concluyó.
