Uno de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo establece la pena mínima de un año para los adolescentes entre 15 y 18 años que comentan infracciones gravísimas con violencia contra la persona. Los delitos graves que se establecen son homicidio intencional con agravantes especiales, lesiones gravísimas, violación, rapiñas, privación de libertad agravada, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes, entre otros.
Además, se establece que los adolescentes procesados por estos delitos deberán cumplir su pena en establecimientos separados de los procesados por el régimen general y que al cumplir 18 años, si tienen pena pendiente, deberán pasar a otro establecimiento separados de los menores de edad.
El proyecto también obliga a elevar las actuaciones de los juzgados de adolescentes a la justicia penal ordinaria para que esta determine la responsabilidad de los padres o tutores en la situación.
Una comisión que se formará a los 30 días de haberse aprobado esta ley será quien legisle y redacte el nuevo código.
Otro de los proyectos enviados por Mujica determina que las penas para policías y funcionarios penitenciarios o de centros de reclusión del INAU aumentarán un tercio en sus mínimos y máximos cuando cometan delitos contra la administración pública.
También en ese mismo proyecto se establece una pena mínima de 3 años para quienes sean procesados por delitos vinculados al tráfico de pasta base, que se define en la ley como "cocaína que contenga impurezas producto del proceso de elaboración y/o adulteraciones no aptas para el consumo humano".
El último proyecto crea un sistema de protección y resarcimiento de las víctimas de delitos violentos.
Esto se creará a través de un fondo nacional que funcionará en el ámbito del BPS con aportes integrados por el 1% de los seguros que se recauden, tanto por el BSE como por las aseguradoras privadas.
Los beneficiarios de esto serán el cónyuge o concubino de la víctima y los hijos hasta que cumplan la mayoría de edad o si son discapacitados será en forma vitalicia. Si son varios beneficiarios, el monto se distribuirá entre ellos.
El 25% de ese fondo se destinará al Ministerio del Interior para fortalecer el centro de atención a las víctimas.
