Confieso que ya creía estar al margen del asombro, en cuanto a la difusión de análisis sensacionalistas, cubiertos con un manto de supuesto rigor científico. Evidentemente, me equivoqué. La reciente difusión del artículo publicado en la Revista de la Escuela Nacional de Policía (Nº 1, enero-diciembre de 2011), tomando como referencia la nota aparecida en el Diario El País del jueves 31 de mayo, permite comprobar, una vez más, que se puede llegar a sostener casi cualquier cosa, con tal de llamar la atención y generar una sensación de inseguridad -estigmatizando totalmente a los jóvenes- que luego justifique más y mejor el accionar de la policía, para generar -supuestamente- una mayor seguridad ciudadana.
La investigación -se destaca en la nota periodística- expresa que "es muy probable" que si el fenómeno de las "maras" emigra hacia el Río de la Plata "lo haga en primera instancia hacia Argentina y como todas las modas, sea copiado por la sociedad uruguaya". Además de la minoridad infractora, la investigación concluye que los "barra brava" en el fútbol y en el básquetbol son terreno fértil para la creación de pandillas violentas. "Es cada vez más común el ver a jóvenes integrando distintos grupos para realizar diversas actividades, incluso a veces actividades violentas, como es el caso de los ‘barra bravas’, no sólo en eventos multitudinarios como el fútbol sino también espectáculos ‘cerrados’ como el básquetbol", indica. El artículo advierte que también se han dado episodios aislados de violencia entre jóvenes de distintos bandos en barrios conflictivos como Cerro Norte.
Se trata, por cierto, de una visión altamente estigmatizadora de los jóvenes en general y de algunos ámbitos en los que éstos interactúan en particular, que no comparto en absoluto, pero lo más impresionante (de nuevo, según la nota periodística) es que el artículo sostiene que “existe la posibilidad de que se reproduzca en Uruguay el fenómeno de las "maras" (pandillas) centroamericanas, ya que las características sociales del país ‘son compatibles’ con el desarrollo de estos grupos violentos” (el destacado es mío). Yo me imagino (aunque en realidad no lo sé) que quienes escribieron este artículo, nunca han estado en Centroamérica, pues de lo contrario, no podrían equiparar -desde ningún punto de vista- la realidad de países como Honduras, Guatemala o El Salvador, con el Uruguay.
Como he comentado en otras notas en esta misma serie, visito regularmente todos los países centroamericanos y trabajo profesionalmente en estos temas, centrados en las diversas formas de violencias relacionadas con las y los jóvenes (que los involucran tanto en su calidad de víctimas como en su calidad de victimarios) y en tal sentido, trato de colaborar con los procesos en los que se buscan respuestas y alternativas posibles a tales fenómenos, tanto desde enfoques predominantemente represivos como desde posturas más ligadas con el respeto de los derechos humanos y el ofrecimiento de alternativas a adolescentes y jóvenes en riesgo de caer en estas perversas, complejas y crueles dinámicas.
Las sociedades centroamericanas son, ante todo, totalmente distintas desde el punto de vista demográfico. Mientras la nuestra es una sociedad envejecida, donde el porcentaje de niños, adolescentes y jóvenes es muy bajo (equivalente al de los adultos mayores) en aquellos países la población es abrumadoramente joven (los menores de 30 años son alrededor de dos tercios del total de la población) y uno puede constatarlo -cotidianamente- recorriendo las calles de cualquier ciudad centroamericana (la presencia juvenil en las calles es abrumadora, desde todo punto de vista).
Pero también son diferentes en términos del crecimiento económico y de la exclusión y la inclusión social correspondiente. Así, países como los anteriormente nombrados (Guatemala, El Salvador, Honduras) y otros (como Nicaragua) están afectados por agudos niveles de pobreza e indigencia, que triplican y cuadruplican los correspondientes a nuestro país. A ello se suman niveles elevadísimos de empleo informal o precario, que también triplican los existentes en nuestro caso, acompañados de niveles salariales que se ubican en la mitad y hasta en la tercera parte de los nuestros, según sea la esfera que se analice.
Por si fuera poco, los seguros sociales (de salud, de desempleo, pensiones y jubilaciones, etc.) que en nuestro país tienen niveles importantes de cobertura (de los más elevados en la comparación regional) en aquellos países son casi inexistentes, lo que va de la mano de una presencia marginal (cuando no es ausencia lisa y llana) del Estado en vastas zonas del territorio, algo que en nuestro país apenas se registra en algunas de las zonas marginales y no de manera absoluta (siempre hay alguna presencia del Estado).
La comparación podría extenderse a otras esferas institucionales, incluyendo la propia constitución de las policías de varios países centroamericanos (creadas en el marco de procesos de paz, mezclando policías duramente represivas que funcionaban en regímenes autoritarios altamente militarizados, con partes de los ejércitos irregulares que actuaban en el marco de los conflictos armados de los setenta y los ochenta) totalmente distintas a la nuestra, o analizando el funcionamiento de la justicia (que en varios países centroamericanos enfrenta niveles de más del 90 % de delitos que permanecen impunes) para caer en la cuenta de que estamos hablando de mundos totalmente diferentes.
En aquellos países, la presencia de las maras se explica, en particular, por la herencia de conflictos armados de grandes dimensiones, la construcción incompleta de procesos de paz que siguen mostrando una larga lista de “asignaturas pendientes”, la inexistencia de oportunidades para los jóvenes excluidos, la ausencia del Estado en gran parte del territorio, la irrelevancia de la justicia, la existencia paralela de escuadrones de la muerte y otras expresiones de la denominada “justicia por mano propia” y un largo etcétera, que cualquiera puede completar con un poco de sentido común y algo de información objetiva.
Nada de esto está presente (ni remotamente cerca de estarlo) en nuestro país, como para justificar exabruptos como el que estamos comentando, que no pueden tener otro fin que crear miedos innecesarios en la población y respaldar intereses espurios, netamente corporativos, que solo pueden pretender justificar aún más los elevados niveles de estigmatización que pesan sobre nuestros jóvenes en general y los más excluidos en particular. Preocupante, sin duda, sobre todo porque se trata de una publicación oficial y de un artículo firmado por dos oficiales de policía “licenciados en seguridad pública”.
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