El decreto establece que para la TV digital abierta y gratuita en todo el país se destinan los canales del 21 al 36 (512 MHz a 608 MHz) y 38 al 41 (614 MHz 638 MHz).
En el área metropolitana de Montevideo se reservan seis canales públicos, de los cuales uno será para TNU y otro para difusión de canales públicos regionales.
Además habrá siete canales privados, uno de ellos como "señal espejo" del 4, 10 y 12. También se establece que tres canales podrán ser asignados a los actuales canales abiertos de Montevideo, "en atención a sus antecedentes como radiodifusores y con el objetivo de continuar sus servicios en la transición digital".
Los otros siete canales serán comunitarios sin fines de lucro y otorgarán a través de un llamado.
Para el interior del país, "siempre que fuese técnicamente posible", habrá tres canales públicos. Uno de ellos será para difusión de contenidos públicos regionales y otro para TNU. También habrá tres canales privados y tres comunitarios sin fines de lucro.
El artículo seis del decreto les asegura a los actuales canales privados analógicos una señal digital estándar para transmisión de sus contenidos hasta el apagón analógico el 21 de noviembre de 2015. Para autorizar este canal se hará un llamado y los privados deberán comunicar su intención de usarlo en 30 días.
Todos los llamados serán gestionados por la URSEC.
Contenidos
Los titulares de los servicios digitales deben destinar 15 minutos para campañas de bien público, estatales y no estatales.
También se debe incluir el acceso a aplicaciones de gobierno electrónico, de salud o educación. Esas aplicaciones serán financiadas por el Estado. Se debe promover la producción de contenidos y aplicaciones nacionales, y el uso de recursos humanos nacionales: artísticos, profesionales, técnicos y culturales. Además, tienen que brindar de manera progresiva accesibilidad a personas con discapacidades visuales y auditivas a todos o parte de los servicios.
Los titulares de los servicios deben presentar balances anuales.
Condiciones
Los privados que quieran brindar un servicio deben ser ciudadanos legales o naturales en ejercicio de la ciudadanía y domiciliados en el país. Las propuestas serán evaluadas por una Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI), cuyo dictamen no será vinculante.
El plazo de esas nuevas autorizaciones será de 15 años y con opción de renovar cada 10 años por parte del Poder Ejecutivo. "La renovación será concedida siempre que no exista una evaluación negativa del plan comunicacional y siempre que no existan nuevos interesados pre-calificados para los cuales no queden disponibles canales dentro de los reservados", se establece. Los insumos para tomar la decisión serán aportados por la URSEC, la opinión del CHAI y el resultado de una audiencia pública no vinculante. Además, se prohíbe utilizar esto como objeto de presión, castigo, premio o forma de privilegiar a los canales.
No pueden ser titulares de nuevas autorizaciones "personas o empresas que ya sean titulares de estos servicios, familiares en línea recta o colateral en segundo grado; directores, administradores, gerentes o personal en quien se haya delegado la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación en dichos servicios; y personas o empresas que forman parte de grupos económicos o empresas titulares de servicios de televisión analógica abierta".
El decreto no establece el canon que tendrán que pagar los canales. Pero sí exige que el Ministerio de Industria redacte un proyecto de ley que establezca la obligación para los privados a aportar anualmente para financiamiento de un Fondo de Producción Audiovisual y Aplicaciones de Televisión Digital, que funcionará en este ministerio. El aporte será en base a los ingresos obtenidos por el privado.
También se establece que quienes no tengan el equipo para brindar el servicio, podrán negociarlo con TNU o Antel a un precio "razonable".
