Bianco dijo a No toquen nada (Océano FM) que este acuerdo implicará "una experiencia increíble". "La organización mundial de Aduanas no había podido hacer esto y se logró por vía colateral a través de un convenio de salud. Son negociaciones diplomáticas muy difíciles, muy pocos países plantearon cosas puntuales. Singapur planteó su preocupación por las zonas francas y dejó constancia de eso, pero no anuló el acuerdo. Como siempre, hasta que no se aprueba puede haber algún riesgo, pero en el ambiente hay consenso de que se va a aprobar", afirmó.
La OMS prevé que con este acuerdo se alcance una recaudación de 50.000 millones de dólares anuales en concepto de ingresos fiscales.
El compromiso asumido por los países es de obligar a las empresas a hacer la trazabilidad de los productos. Esto va a permitir seguir el trayecto del producto. También se deberá hacer un sistema de licenciamiento para autorizar la compra, venta e importación y exportación de cigarrillos; y lograr una asistencia legal recíproca entre países, que puede implicar la extradición de quienes violen la ley.
Bianco dijo que es necesario compartir información para que esto funcione. "Va a requerir un trabajo conjunto entre aduanas, la policía, pero también en la parte de la legislación. No tiene pena de prisión el delito ilícito del tabaco. Hay que quitar el estímulo y aumentar los escollos para que no lo hagan. Una cosa es que pierdan el auto o el camión, pero no van presos; otra cosa es que la pena sea mayor", explicó.
Hoy la principal medida que tienen los países para combatir el consumo de tabaco es el aumento de impuestos. En Uruguay es un 70% del valor del producto. Según los economistas del CIET, si no se hubiesen aplicado los impuestos las ventas hoy serían un 25% mayores.
En el mercado ilegal no se paga impuesto y esto hace que los cigarrillos provenientes del comercio ilícito se puedan vender a un 40% menos para el consumidor.
Según datos del Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo (CIET), en Uruguay el 11% de los consumidores de tabaco consigue el producto a través del comercio ilícito y esto representa un 18% del total de cigarrillos que se venden.
"Estas medidas no se toman porque los cigarros de contrabando sean más dañinos que los legales, no hay diferencias entre uno y otro. La razón es evitar que ese producto de bajo precio llegue al mercado, porque son comprados por jóvenes y personas que tienen menos dinero. No hay que permitir que los negocios legales estén vendiendo este tipo de productos", dijo Bianco.
El comerció ilícito que se va a combatir es de dos tipos. Uno es el de las marcas legales que entran en forma ilegal a otros países y no pagan impuestos. En este tipo de contrabando estaban involucradas las tabacaleras en un principio. Después están los productos falsos que vienen de Paraguay, que no son legales en ningún lado y no pagan ningún impuesto.
El circuito del contrabando en Uruguay tiene su principal ruta de ingreso por el norte del país. La mayoría del producto viene de Paraguay y las marcas más vendidas son Eco, Milenio y 51. También hay cigarrillos de marca que llegan a través de otros canales como los Camel, según datos del CIET.
Bianco dijo que el contrabando grande viene en conteiner y se mueve a través de organizaciones criminales. "No son pequeños bagayeros que pasan las cosas por la frontera. Eso es lo menor. CIET ha estudiado donde se venden los productos y se ve en ferias y en las esquinas de 18 de julio, pero la mayoría se vende en negocios legales, por ejemplo, en el interior en los almacenes", señaló.
El acuerdo se alcanzó el 4 de abril en Ginebra, Suiza. En el artículo 15 del Convenio Marco se hace referencia al combate del comercio ilícito del tabaco. Esta medida profundiza ese punto y define medidas específicas a seguir.
Los países integrantes del convenio marco antitabaco son 174, pero 39 integrantes no suscribieron a este convenio de lucha contra el comercio ilícito de tabaco. Entre ellos están Argentina, Estados Unidos, Indonesia, Suiza y República Checa.
El convenio debería adoptarse oficialmente en la Conferencia Ministerial de las partes que tendrá lugar en Seúl del 12 al 17 de noviembre. Los países que aceptaron también decidieron comenzar a preparase desde ahora para el momento de hacerlo oficial. La idea es no esperar hasta noviembre para adaptar la coordinación entre los distintos organismos involucrados.
