La senadora frenteamplista Mónica Xavier dijo a 180 que estaba previsto desde su discusión en el Parlamento que la ley 18.335 contemplara a las personas que se niegan a recibir tratamiento por motivos religiosos, pero que éste no fue el único cometido de la ley. Xavier explicó que tanto con esa ley como con la 18.473 (que establece el derecho a “oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos salvo que con ello (se) afecte o pueda afectar la salud de terceros”) se busca que las personas puedan negarse a recibir un tratamiento cuando éste dejará secuelas que afecten su calidad de vida.
La ley 18.335 dice que “todo procedimiento de atención médica será acordado entre el paciente y su representante y el profesional de salud (luego de recibir información adecuada, suficiente y continua)”, y que “el paciente tiene derecho a negarse a recibir atención médica y a que se le expliquen las consecuencias de la negativa para su salud” (artículo 11), y fue lo que permitió que una mujer de 46 años se negara a recibir una transfusión de sangre, tras lo cual murió. La mujer había alegado que era testigo de Jehová y que no podía recibir sangre
Xavier especificó que estas leyes no son comparables con la eutanasia, dado que no establecen que se induzca el fallecimiento. “No (hay que) confundir eutanasia con buen morir”, afirmó.
Por otra parte, aclaró que el derecho a no recibir atención médica solo puede ejercerse en los casos en que no hay riesgo de contagiar o afectar la salud de un tercero. Por esta razón, afirmó, las vacunaciones siguen siendo obligatorias.