De Alburquerque finaliza este viernes una visita oficial de cinco días al país, donde recorrió barrios de Montevideo y asentamientos irregulares de Malvín Norte, Casavalle, Borro y Casabó, así como localidades del interior como Ciudad de la Costa, Maldonado y la Colonia Berro del INAU.
En esas visitas constató “deplorables condiciones de detención dentro de varios hogares” de la Colonia Berro, y afirmó que es “impostergable que esos niños y adolescentes sean atendidos en un marco de respeto integral de los derechos humanos y (que) puedan tener acceso al agua, saneamiento e higiene en condiciones de dignidad”.
Además, instó a las autoridades uruguayas a priorizar a "los sectores más vulnerables de la población" a la hora de poner en funcionamiento plantes de saneamiento y acceso al agua, ya que percibió situaciones límite en esos aspectos en algunos de los asentamientos irregulares.
Expresó también preocupación por el tratamiento de las aguas servidas, de las que solo el 60% recibe tratamiento, mientras que muchas de las restantes se filtran en el suelo y llegan a algunos acuíferos que ya están contaminados con coliformes.
Sin embargo, destacó el esfuerzo del Gobierno en incrementar el índice de acceso al agua potable de la población (que se sitúa en el 98%, uno de los más altos de Latinoamérica y el Caribe), y reconoció el avance en materia de saneamiento, que permitió que un 98% de la población acceda hoy en día a “una fuente mejorada de saneamiento”, de la cual el 60% está cubierta por la red de alcantarillado.
Valoró además que el Gobierno ofrezca una tarifa social para asegurar el acceso de los más pobres al agua potable, pero solicitó que se examine la situación de las familias que para pagar la factura de agua y saneamiento deben sacrificar otras necesidades básicas.
Por otra parte, De Alburquerque manifestó preocupación porque “distintas instituciones con responsabilidad para monitorear y fiscalizar el cumplimiento del marco normativo sobre agua y saneamiento (incluidas Dinagua, Dinama y Ursea) no tienen recursos humanos y financieros suficientes para llevar a cabo sus mandatos”.
“Fui informada (de) que en Uruguay, a pesar de que la ley lo estipula, Dinagua no cobra el canon debido para la perforación de pozos de agua, ni siquiera cuando son hechos por empresas privadas que consumen vastas cantidades de agua. Por eso insto al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a que considere seriamente realizar ese cobro que le permitirá tener más ingresos necesarios para el monitoreo y la fiscalización del sector.”, afirmó.
Por otra parte, la relatora mostró preocupación por el rechazo de varias personas y organismos a los megaproyectos como el de Aratirí.
“Fueron varias las organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos, que compartieron conmigo su preocupación por el impacto de algunos megaproyectos agroindustriales y mineros en la cantidad y calidad del agua para generaciones presentes y futuras. Quisiera recordar que vuestra Constitución establece en el artículo 47 la prioridad del uso de agua para consumo humano, concretándose que deberán anteponerse las razones de orden social a las de orden económico. Por lo tanto, recomiendo al gobierno que asegure la realización previa de estudios de impacto ambiental por entidades no interesadas e independientes de los posibles efectos de este tipo de proyectos sobre la realización del derecho al agua”, sostuvo la relatora.
Finalmente anunció que en setiembre de 2012 presentará a Naciones Unidas un informe público con recomendaciones más detalladas al Gobierno.
