Este miércoles la Asamblea General votó por unanimidad la creación de la “Comisión Especial con fines de asesoramiento legislativo sobre inteligencia de Estado”. Esta comisión multipartidaria, con mayoría del Frente Amplio, tendrá que elaborar una ley de inteligencia estatal.
Javier García, uno de los legisladores que hizo uso de la palabra durante la votación, explicó a No toquen nada que “los servicios de inteligencia deberían tener un rol de asesoramiento en materia estratégica al país”. “Ya no aquella vieja consigna de los equipos de inteligencia, sobre todo en época de dictadura, donde se hacía persecución de personas con fines de represión. Debe asesorar al gobierno en materias muy diversas como el quehacer a las relaciones internacionales”, expresó.
En Uruguay hay más de una docena de servicios de inteligencia entre ministerio de Defensa, Interior y Cancillería. En 2005, por decreto presidencial, se creó la figura del coordinador de inteligencia que conecta el trabajo de la inteligencia estatal con la Presidencia de la República.
Hoy, ese cargo es ocupado por el ex guerrillero tupamaro Augusto Gregori, que fue cuestionado por la oposición cuando apareció el caso del video de los supuestos militares que amenazaban al Poder Ejecutivo. La oposición se preguntó qué estaban haciendo los servicios de inteligencia y pidió la renuncia de Gregori.
Ahí se dio una situación confusa, donde Mujica primero aceptó la renuncia de Gregori y luego, según dijo el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, a No toquen nada en ese momento, se hizo una “revalorización” de la renuncia y Gregori continuó en el cargo.
Mujica también le pidió a Gregori que elabore un informe con las diferentes visiones del Parlamento sobre el trabajo en esta área. García dijo que ese informe nunca se hizo y que Gregori nunca se presentó. “No le reconocemos ninguna legitimidad al señor Gregori y al coordinador de inteligencia. Es una persona que nadie en el Uruguay sabe qué hace, pero está en un área muy sensible, que puede lindar con la privacidad de las personas y las instituciones. No es sano para el sistema democrático que ese funcionario no tenga control ninguno”, afirmó.
Todavía no se estableció ni la modalidad de trabajo ni un plazo para elaborar la ley. La oposición pretende que al menos el proyecto se vote el año que viene. Como antecedente, hay varios proyectos que refieren a la inteligencia, como el que pretendía crear una la Comisión Parlamentaria de Supervisión de los Servicios de Inteligencia en 2010. Nunca se votó.
García dijo que esta vez también se va a contemplar el rol que tendrá el parlamento en esas tareas de control. “Estos servicios tienen que tener control parlamentario, como pasa en los regímenes modernos y democráticos. Actúan controlados por los representantes de la sociedad para preservar que no se violen las garantías individuales. Esperemos que con el trabajo de esta comisión lleguemos a un acuerdo, porque estas cosas están para servir a toda la sociedad y no para servir a ningún partido específico o de gobierno”, expresó.
