La semana pasada se hizo una jornada sobre discapacidad en el Parlamento, convocada por la diputada Verónica Alonso. Asistieron políticos, especialistas y las personas discapacitadas que quisieron participar.
Fabiana es integrante del Plenario Nacional de Discapacitados (Plenadi). Tiene 32 años y nació con una discapacidad motriz. Es brasileña, pero sus padres son uruguayos. Pudo terminar la educación media en su país y se vino a vivir a Uruguay en el año 2000. En 2002, empezó la licenciatura en Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales.
No Toquen Nada (Océano FM) conversó con ella durante la jornada sobre discapacidad “Conciencia de todos”, en la que hablaron los legisladores Verónica Alonso (Partido Nacional), Julio Bango (Frente Amplio), Alma Mayo (Partido Colorado) y Daniel Radío (Partido Independiente).
"Cuando nací le dijeron a mi madre 'ah, no va tener muchas posibilidades; no sabemos si va a poder tomar una nota o atender el teléfono'. Cuando te dan esos diagnósticos negativos y limitantes, no ponen a favor la potencialidad de la persona con discapacidad; porque los tratamientos son largos, pero se llega. Y hoy, aparte de atender el teléfono y tomar notas, soy licenciada en Trabajo Social”, contó.
Fabiana encuentra muchas dificultades en Uruguay para las personas con discapacidad en la vida cotidiana, como la baja frecuencia con la que pasan los ómnibus (en comparación con Brasil), o la falta de accesibilidad de estos. “Hay boliches a los que no nos dejan entrar porque dicen que es peligroso, que hay escaleras, o podés entrar pero no al baño, porque no está adaptado. Ir por las veredas y las calles es horrible, están todas rotas, no podés pasar con las sillas, o arman un puesto en la vereda por donde estás pasando, entonces agarrás por la calle y te dicen “’¿para qué está la vereda?’”
También tuvo dificultades cuando ingresó a la Facultad de Ciencias Sociales, porque no estaba pensada para que discapacitados asistieran a clase. “Ahora hay baños, acceso a todos los salones, pero cuando empecé en 2002 no tenía ni un baño con baranda para poder apoyarme, tuve que conseguirla y colocarla yo misma”, contó. Los reclamos de Fabiana hicieron que hoy su facultad sea un 90% accesible para personas con discapacidad.
“A veces creo que las personas piensan solo en ellas mismas. Cuando uno empieza a pensar en la sociedad como una globalidad, como un todo, tomaría mejores decisiones desde el principio. Por ejemplo, si estás por construir un lugar y ya pensás en hacerlo accesible, es mucho más barato que después derrumbarlo y hacer todo de nuevo. Entonces, lo que hay que hacer es ponerse a pensar en que uno no está solo en el mundo, que vivimos en comunidad y todos necesitan cosas específicas”, dijo.
A la jornada asistieron unas 150 personas, la mayoría con discapacidad, que fueron muy activos. Los legisladores escucharon reclamos en medio de sus alocuciones y hasta en algún caso fueron corregidos por los asistentes a la jornada.
Todos los diputados reconocieron que hoy no se está cumpliendo con la ley 18.651 (nueva ley de Discapacidad aprobada en febrero de 2010 que todavía no fue reglamentada), salvo algunas excepciones. Entre otras cosas, no se cumple con la cuota del 4% de vacantes que deben ser llenadas por personas con discapacidad en el Estado.
Pero el problema de acceso al mercado laboral no es solo un tema que involucre al Estado. Según la última encuesta realizada en 2004 por el Instituto Nacional de Estadística, el 19,6% de la población discapacitada está activa y su sueldo es un 40% menor del de una persona sin discapacidad. Además, si la persona que sufre una discapacidad es mujer, la situación es peor.
Victoria Cassani, de 67 años, sufre desde el nacimiento de una distrofia que de a poco le quitó la fuerza del cuerpo y a los 15 años ya no pudo caminar. Dice que le hubiera gustado hacer el liceo o UTU, pero solo pudo hacer primaria porque las instituciones de secundaria le quedaban lejos, o tenían escaleras, y además su familia no tenía cómo trasladarla. Luego se dedicó al tejido y al bordado, porque sus brazos al principio tenían mucha fuerza, pero más adelante también la perdió.
“Yo no me puedo quejar porque he podido salir adelante, trabajo desde hace 30 años, tengo un kiosco de quiniela y una mesa ambulante, pero absolutamente todo lo que gano es para pagar a la persona que me atiende, que me ayuda a bañar, que me hace la comida”, contó.
También se reclamó que se aceleren las pensiones por invalidez, que es una ayuda económica que el BPS brinda a todas aquellas personas que padezcan algún tipo de discapacidad que sea considerada común o severa.
Iris Pulido es una de las personas que tiene su historia particular con el BPS. Comenzó a quedarse ciega a los 15 años y vino a Montevideo para realizarse un tratamiento pero no pudo evitar la pérdida total de vista. Hoy tiene 70 años y su ingreso es la jubilación de 6.000 pesos que le dieron cuando se quedó sin ver.
Ella, como discapacitada severa, necesita una vivienda adaptada. Actualmente vive en casa de amigos o familiares durante todo el año. Por eso ha reclamado en BPS, buscando conseguir algún tipo de ayuda, pero hasta hoy no tuvo suerte. “Vivo en tres lugares diferentes: un tiempo en Las Piedras, un tiempo en Montevideo, porque es donde tengo la sociedad médica, y otro poco en Lagomar. Puedo moverme en mi barrio porque lo conozco, pero cuando tengo que ir a un lugar que no conozco, necesito alguien que me ayude a cruzar las calles. Vivo a una cuadra de Camino Maldonado y no la puedo cruzar. La mejor ayuda que tengo es la gente que te ayuda en todo, nadie te pide nada.”
Federico Lezama es quien está al frente de la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad de la Intendencia Municipal. Este año, la comuna de Montevideo junto a las de Maldonado y Canelones están desarrollando el programa Compromiso de Accesibilidad con diferentes iniciativas (una de ellas menús para ciegos). El trabajo de la intendencia ha sido destacado incluso por la propia Verónica Alonso desde la oposición.
“(Es importante que) los partidos y actores políticos empiecen a comprender que este tema de la discapacidad –y muchos otros– no debería ser utilizado como un mecanismo para posicionarse públicamente y hacerse conocido, porque eso le ha hecho mucho mal a los posibles avances”, opinó. “Y en este caso estamos hablando de que las personas puedan tomarse un ómnibus, salir a un espacio público, ir a comer y elegir con autonomía, trabajar y recibir educación. Es decir, son sumamente básicas las necesidades que se están planteando para una población que efectivamente ha sido olvidada y que cuyos mecanismos legales no han sido adecuados”, señaló Lezama.
