La ley será promulgada por el Ejecutivo en los próximos días y restablece la pretensión punitiva del Estado para los delitos de Terrorismo de Estado cometidos hasta el 1º marzo de 1985.
En las 12 horas de discusión los legisladores se enfrentaron y acusaron varias veces por la participación de sus partidos en la historia reciente y dedicaron más de dos horas al Pacto del Club Naval. La oposición acusó durante toda la jornada al Frente Amplio de avasallar la voluntad popular que en 1989 y 2009 decidió no anular la Ley de Caducidad.
Al momento de la votación había 91 legisladores presentes en sala. Muchos legisladores frenteamplistas tenían fotos de desparecidos o sus familiares y varios diputados del Partido Nacional tenían la Constitución.
La diputada Analía Piñeyrúa consideró que era el atropello más grande a la carta magna desde el 27 de junio de 1973.
Diputados blancos colocaron la Constitución sobre sus bancas. (AFP)
“El Frente Amplio hoy, haciendo abuso de una mayoría legítimamente obtenida va a perpetrar el peor atentado a la Constitución, el peor atentado a las bases democráticas, que se haya producido en el país después del 27 de junio de 1973. Estoy convencida de eso. El Frente Amplio hoy va a violentar la voluntad popular libremente expresada en las urnas en dos oportunidades. Ese es un hecho muy grave que solo se asimila” al golpe de Estado, señaló la legisladora.Desde el Frente Amplio, el diputado Aníbal Pereyra consideró que el Parlamento no estaba innovando al aprobar la ley. “Lo que está haciendo es repitiendo, casi en forma textual, el artículo tercero de la ley 15.752 que fue aprobada en junio de 1985 por todos los partidos políticos. Esa ley decía que se suspendían los plazos de prescripción y caducidad. Lo hacía porque en ese momento había una huelga en el Poder Judicial que obviamente impedía que la justicia actuara en pleno derecho. El Poder Judicial estuvo impedido de investigar y de saber la verdad. Nosotros lo estamos subsanando con esta ley”, dijo.
El presidente de la Cámara, Luis Alberto Lacalle Pou, tuvo que suspender la sesión durante cinco minutos cuando hacía uso de la palabra el diputado blanco Gustavo Borsari. El legislador se disponía a leer un editorial del diario comunista El Popular, de febrero de 1973, despertando gritos de reprobación en la bancada del oficialismo.
La sesión fue larga, comenzó a las 14 horas y terminó a las 2.15 de la madrugada de este jueves. A lo largo de ella se repitieron los argumentos que una y otra vez han repetido de un lado y otro respecto a la caducidad. El Partido Nacional reiteró que la impunidad se acordó en el Pacto del Club Naval, del que esa colectividad no participó. El Frente Amplio volvió a negar que ese tema se hubiera conversado con los militares.
La lista de oradores fue de 63 legisladores.
Una foto de Tota Quinteros en la banca de Luis Puig. (AFP)
El frenteamplista Darío Pérez dijo que la sesión fue “casi una locura”. “Nos atrincheramos desde el principio, cada uno en su bando, cada uno en su posición y si no fuera por la importancia que tiene este tema podríamos haber votado a las 14.30 porque ninguno nos escuchamos. Seguramente será la historia la que tenga que resolver este problema. Y como decían otros compañeros, nosotros nos vamos a hacer cargo de lo que estamos haciendo como bancada de gobierno”, afirmó.Texto de la Ley
Artículo 1º.- Se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986.
Artículo 2º.- No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley.
Artículo 3º.- Declárase que, los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte.
Artículo 4º.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo.
