"Presenté la denuncia que involucra a dos expresidentes, a dos exembajadores, cinco excónsules y nueve agregados militares además de otro medio centenar de represores que trabajaron en Buenos Aires entre las décadas del 70 y 80", dijo Sergio López Burgos a la AFP a la salida de los tribunales.
Los dos exmandatarios de facto son Gregorio Álvarez (1981-1985), detenido en su país, y el fallecido Juan María Bordaberry (1973-1976), aunque en Argentina las causas penales caen en caso de muerte del acusado.
"Tengo muchas expectativas con esta denuncia, porque acá en Argentina hay una legislación clara que considera los delitos de lesa humanidad imprescriptibles", dijo López Burgos, quien vive en Montevideo.
López Burgos pidió además que se revoque la prisión domiciliaria a Manuel Cordero, único detenido uruguayo en Argentina por el Plan Cóndor, y entregó al juzgado de Norberto Oyarbide un video de la TV de su país donde se lo ve saliendo de su casa.
Según el denunciante, la embajada de Uruguay en Argentina funcionó como sitio de coordinación de secuestros, en base a maniobras de inteligencia sobre ciudadanos que se presentaban para hacer trámites como la renovación de pasaportes.
López Burgos aportó cajas de documentación sobre 123 casos de uruguayos secuestrados en Argentina y luego trasladados a su país, muchos de los cuales están desaparecidos.
Se trata de testimonios y documentos encontrados en diferentes archivos oficiales de Uruguay "que demuestran que las órdenes para secuestrar uruguayos comenzaron en 1974", precisó López Burgos.
El denunciante estuvo detenido en Automotores Orletti, un centro clandestino de la dictadura argentina por donde pasaron víctimas del Plan Cóndor.
El juicio oral por la causa del Plan Cóndor aún no tiene fecha.
Desde la anulación en 2003 de las leyes de amnistía, en Argentina se reabrieron las causas por crímenes en la dictadura y se están llevando a cabo varios juicios simultáneos en todo el país.
(AFP)
