La norma fue aprobada en febrero de 2010 y establece en su Capítulo VIII que al menos el 4% de las vacantes que se generen en cualquier dependencia estatal deben ser ocupadas por personas que tengan alguna discapacidad. La ley establece sanciones por el no cumplimiento, que incluso implicarían el cese del cargo de los jerarcas de cada unidad ejecutora.
Según el informe de la ONSC, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Intendencia de Soriano fueron los organismos estatales que generaron más vacantes para personas con discapacidad. En total fueron 17 vacantes y ninguna fue ocupada. El Poder Judicial generó una menos y tampoco entró nadie con discapacidad.
Casi no hubo organismos que cubrieron las vacantes que se generaron para personas con discapacidad. Los únicos que lo hicieron fueron las intendencias de Canelones, que debía contratar al menos seis y contrató siete, y la de Salto, que debía contratar dos y contrato tres.
Verónica Alonso, diputada del Partido Nacional, fue quien denunció esta situación.
La diputada explicó a No toquen nada (Océano FM) que nadie cumple con la ley porque no está reglamentada. “Al no estar reglamentada, no se estableció quiénes son las autoridades competentes para sancionar y eso genera vacíos legales que nadie sabe y como nadie sabe, nadie los cumple. Si uno ve lo que pasó con la ley de discapacidad anterior (ley 16.095), encuentra que estuvo 18 años sin ser reglamentada”, expresó.
“Si antes era peor, peor entonces”
Es importante destacar un dato que aparece en el informe de la ONSC y es que en los últimos 10 años, sobre todo, desde 2007 a esta parte hubo un crecimiento en el número de personas con discapacidad contratadas por el Estado. En 2009 fue el año que más se contrató (63), a diferencia de años como 2002, 2003 o 2005 donde no se contrató ninguna o se contrató una sola.
Alonso destacó que hay organismos que sí cumplen, a pesar de que no haya controles, y uno de ellos es la Intendencia de Montevideo. “Esto no es una crítica ni un rezongo, yo no estoy mirando para atrás y si para atrás era peor, peor entonces. Creo que la mejor solución es que esto funcione”, señaló.
El Estado no está preparado
El informe sobre el ingreso de personas con discapacidad fue elaborado por la ONSC, porque la ley así lo establece. No toquen nada consultó a la responsable de la ONSC, Elena Tejera, quien dijo que ni siquiera pudieron conseguir la información completa de los organismos y que no tienen herramientas para sancionar. “La ONSC tiene la obligación de recoger la información y brindarla al Parlamento, pero no ha sido fácil obtenerla y tampoco los datos que nos han pasado han sido completos”, expresó.
También la ley establece que luego de ser aprobada, era la ONSC quien debía encargarse de la reglamentación y tenía un plazo de 60 días para hacerlo. Tejera dijo que aún están trabajando con el Ejecutivo.
La responsable de la ONSC reconoció que no se está cumpliendo con la ley y explicó hay una serie de requisitos para los cuales la Administración no está preparada. “Cuando se estudia el perfil a llamar, el organismo debe asesorarse incluso con la Comisión Honoraria para la Discapacidad y tiene que establecer con qué tipo de discapacidad se puede desarrollar la tarea. También hay un trabajo que se hace con quienes van a ser compañeros de esa persona. Quien realiza el llamado debe estar preparado y hoy en muchos aspectos no se está”, señaló.
