Joel Rosenberg

Entre la privacidad y la estupidez

Es difícil entender a qué viene el temor de algunos por dar el nombre y apellido en los Censos 2011 que se realizan en setiembre.

Actualizado: 12 de Setiembre de 2011 | Por: Joel Rosenberg

Las continuas consultas por el tema y una cadena de correos que advertía sobre no dar esa información llevaron al Instituto Nacional de Estadística (INE) a emitir un comunicado aclaratorio.

El INE señala que no es obligatorio decir el nombre y apellido, que se puede dar un apodo o sólo el nombre de pila; incluso un nombre fantasía.

Pero, más allá de que no haya obligación, el comunicado explica que declarar el nombre completo ayuda a ser más precisos en las preguntas y cometer menos errores.

El INE asegura que hay garantías ya que “al momento de procesar la información el campo del nombre se elimina”, no queda en la base de datos. Además, se señala que la Ley 16.616 “consagra el secreto estadístico, el que impide divulgar información individual”.

Es difícil entender dónde está el problema, qué es lo que despertó la reacción en muchos ciudadanos.

Los 7.000 censistas preguntan; no investigan ni son inspectores. Y lo que preguntan es cómo se compone la familia, las edades, los estudios cursados, la ascendencia racial, cuántos baños tienen.

Las planillas de preguntas de los Censos 2011 están en la página web para quien tiene dudas; ni siquiera se interroga por los gastos e ingresos como se hace en la Encuesta de Hogares ampliada. Se trata de información importante para la mayor encuesta que tiene un país, pero poca y nimia en comparación con los que ciudadanos dan todo el tiempo.

Para sacar un crédito o una tarjeta de crédito piden 239 datos; en el Banco de Previsión Social o en la Dirección General Impositiva se pueden hacer un festín con lo que saben de nosotros. Incluso, la gente deja más información en un local por el sorteo de una canasta navideña que la que va a dar al encuestador de Censos 2011.

Claro que hay un riesgo de que alguno de los 7.000 censistas o los cientos de funcionarios del INE puedan violar la ley y utilizar los datos. Pero es mucho mayor el riesgo con decenas de miles de funcionarios públicos que manejan nuestros datos laborales o tributarios, con empleados de empresas financieras que saben todos nuestros movimientos de dinero, con los encargados de comercios que piden hasta el nombre del perro para llevar una compra a una casa.

Si se compara son menos datos en cantidad y calidad de los que brindamos para cualquier transacción.

El INE pide lo mismo que pidió en los cuatro censos anteriores (1963, 1975, 1985 y 1996). Lo nuevo es el miedo que llega a través de mensajes en correos electrónicos y redes sociales.

La mayoría de los que los envían esos mensajes no tiene ni idea de los protocolos de privacidad y seguridad de sus cuentas de Facebook o Gmail, allí ponen fotos de sus hijos y envían mensajes a sus amantes. Pero les salta el chip de la privacidad en los Censos del INE.



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