Una de las mayores dificultades que enfrentan los inmigrantes ilegales uruguayos, una vez que el gobierno estadounidense prueba que no tienen los papeles en orden, es el aislamiento y la imposibilidad para acceder a la autoridad consular inmediatamente. La mayoría de los casos de deportación ocurren en las zonas de Eslizabeth y Orange, localidades de Nueva York, donde se ha llegado a expulsar a dos uruguayos por semana.
Las familias de los detenidos también sufren perjuicios, ya que el gobierno estadounidense le paga el pasaje al expatriado, pero no al resto de los integrantes, por lo que al poco tiempo la esposa debe vender sus pertenencias para financiar su pasaje y el de sus hijos, explicó Gerardo Pérez, director de Vinculación del Ministerio. También informó que la Oficina de Retorno y Bienvenida de la Cancillería uruguaya recibió 350 personas al mes en los últimos meses, y consideró que no todos los que regresan saben de la existencia de esa dependencia.
Esta situación se está siguiendo desde hace varios meses, explicó el canciller Luis Almagro, quien contó que han tratado de hacer saber su preocupación a nivel público e institucional. Dijo que también intentan desestigmatizar los procedimientos por los cuales los uruguayos son traídos devuelta, y también trabajan para que su regreso tenga “la fluidez y normalidad que se le pueda dar en estos casos”.
El prosecretario de presidencia, Diego Cánepa, aclaró que lo que se desaprueba es el desempeño de las medidas llevadas a cabo en la deportación, pero no las disposiciones migratorias del país.
