El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, dijo que se decidió anunciarlo este lunes por lo simbólico de la fecha. Hoy se cumplen 38 años del Golpe de Estado. Breccia dijo que con esta decisión, el Poder Ejecutivo considera que está “cumpliendo con un deber ético, pero además con lo que establece la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, que en marzo ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas.
Breccia dijo que el Ejecutivo va a demorar en emitir en el decreto por si alguno de los involucrados quiere que su caso no se incluya. “No creo que eso pase, pero vamos a esperar por las dudas”, señaló. El gobierno estima que hay cerca de 80 casos involucrados.
Al mismo tiempo, la agrupación Hijos de Detenidos Desaparecidos ya tenía resuelto entregar una carta al presidente José Mujica para pedirle que haga esto. Valentín Enseñat, integrante de la agrupación, dijo a 180 que se enteraron de la decisión del Ejecutivo antes de entregar la carta, pero que igual lo hicieron para marcar su posición. “Esta es una de las medidas más inmediatas que el gobierno tenía para tomar. Nos parece bárbaro que esté sucediendo porque nosotros con la carta perseguíamos este objetivo. Esto normaliza la situación tan irregular que venimos padeciendo durante tantos años. Es un paso importante y esperemos que se siga en esta línea de generar una política real sobre derechos humanos, que no puede ceñirse solo a estos casos”, afirmó.
Enseñat dijo que Hijos había tomado esta decisión de hacer llegar la carta a Mujica después del “frustrado intento de la ley interpretativa”.
Además, el Ejecutivo ordenó la publicación de un resumen de la sentencia de la Corte Interamericana en la web de Presidencia, en un diario de circulación nacional y la comunicación a los distintos poderes del Estado. Esto era parte del fallo.
Antecedente
El 12 de mayo de este año, el presidente Mujica cambió una resolución del ex presidente Julio María Sanguinetti, por la cual se amparó el caso de la desaparición del ex militante comunista Álvaro Balbi en la Ley de Caducidad. La decisión de Mujica habilitó al Poder Judicial a reabrir la investigación.
Según explicó la web de Presidencia, la resolución del presidente se fundamentó en el numeral 11 de la sentencia del 24 de marzo pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referida a la desaparición en Uruguay de la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman.
En ese fallo, la Corte compele al Estado uruguayo a tomar las medidas necesarias para que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado deje de representar un obstáculo para la investigación de casos de desaparición forzada de personas.
Álvaro Balbi fue detenido el 29 de julio de 1975 y conducido al batallón de Infantería número 13, donde falleció al día siguiente a su detención.
Su esposa, Lille Caruso, presentó el 26 de octubre de 1985 una denuncia por “crimen con intencionalidad” ante el Juzgado Penal de 7º Turno. La investigación del caso no prosperó tras la decisión de Sanguinetti de incluirlo en la Ley de Caducidad.
