La idea de la nueva propuesta es que el gobierno central subsidie a las intendencias hasta el 2015 para que no pierdan el dinero que recaudan por patentes plegándose al nuevo mecanismo. El gobierno central tomará como referencia lo recaudado en el año 2010. Además se crearía un organismo nacional encargado del cobro de multas y patentes en todo el país. Ahora comenzarán las conversaciones con las intendencias y se espera que en 20 días el tema sea planteado en el Congreso de Intendentes.
Quienes presentaron la propuesta junto a Cánepa fueron los tres intendentes que formaron la comisión encargada de elaborar la propuesta. Ellos son el intendente del Salto, Germán Coutinho, el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, y el intendente de Canelones, Marcos Carámbula.
Cánepa explicó que la adhesión de las intendencias no será obligatoria, pero la no colaboración será considerada como incumplimiento de los compromisos de gestión necesarios para recibir algunas partidas del gobierno central.
Algunas intendencias ya están fiscalizando, como es el caso de la Intendencia de Montevideo, y esto ha generado conflictos entre departamentos. Colonia resolvió no dar de baja a las patentes de ningún departamento hasta que se presente la solución. El intendente Walter Zimmer dijo a No toquen nada que quienes no estén de acuerdo pueden presentar su denuncia en la justicia. Esto que hace Colonia hoy, lo hicieron todas las intendencias del país hasta febrero de este año, cuando acordaron dejar de hacerlo.
No toquen nada habló con Nicolás Cendoya, docente de derecho administrativo de la Udelar, para saber cuál sería el escenario legal ante la posibilidad de que una intendencia se niegue a dar de baja a la patente de un contribuyente y lo obligue a tributar por un mismo vehículo en dos departamentos.
Cendoya dijo que el empadronamiento en el segundo lugar es el que tiene validez, el otro –si el cambio fue notificado por medios fehacientes– sería un mero registro administrativo, que solo conoce la intendencia de que se trata para el caso de iniciar un juicio ejecutivo. “La intendencia sabe bien que está en falta y estaría engañando al juez, que de buena fe trabaría un embargo. En un posible juicio, la ilegalidad de la administración sería muy clara, porque la letra de la ley es muy clara”, afirmó.
El artículo 2 de la ley 18.456 que regula el empadronamiento de vehículos establece que la persona debe tributar en el lugar donde reside. Por tanto, la persona estaría cumpliendo con la ley. Según explicó el profesional, no sería necesario buscar artilugios ni maniobras para dar de baja a la patente, ya que la que está infligiendo la ley es la intendencia.
Para Cendoya lo fundamental es avisar por un medio fehaciente que se va a dejar de tributar en un departamento y se va a pasar a tributar en otro. Con esto, la persona se asegura poder demostrar que está en lo correcto y que cumplió con la ley. Su circulación sería legítima en cualquier parte del país, menos en el departamento donde tenía empadronado su vehículo antes. Pero en cualquier acción que inicie la intendencia, ya sea para embargar el vehículo o cobrar una deuda que es inexistente para la ley, terminaría quedando falta.
La mejor forma de avisar correctamente es usar el telegrama colacionado con aviso de entrega. “Lo recomendable es utilizar este medio. Eso cualquier abogado sabe como redactarlo, pero también lo puede hacer un particular. Solo tiene que poner su nombre, el vehículo identificado con el número de patente original, su nuevo domicilio y el hecho de que ya empadronó en el nuevo departamento con el nuevo domicilio”, explicó.
