El protagonista de la larga sesión de 15 horas fue el diputado Semproni. Presente en varios momentos del debate pero ausente en la votación, el legislador fue el centro de la miradas durante toda la tarde del jueves y la madrugada del viernes.
De 99 diputados, se anotaron 57 para hablar. Cada uno, luego de los cuatro iniciales, tenía 15 minutos. La sesión sería larga. Sobre las cuatro de la mañana, le llegó el momento de hacer uso de la palabra a Semproni. Y el diputado reiteró lo que había anunciado.
“El tema es que convencidos de que este proyecto no era lo mejor, a los dos o tres días de haber fijado posición respecto al mismo aparece el compañero presidente a plantear su visión sobre este proyecto”, recordó. La postura del mandatario “era coincidente con la visión que nosotros teníamos. Nos encontramos con que lo que podría entenderse que era desubicado y o que estábamos solos, tenía nada más y nada menos que la coincidencia del presidente y del vicepresidente. En consecuencia no estábamos solos en esa visión”, agregó.
Semproni no quería ir en contra de los dos pronunciamientos populares que ratificaron la Ley de Caducidad y además consideraba que el proyecto de ley dejaba abierta la posibilidad para los recursos de inconstitucionalidad.
El diputado dijo también que este para él era un tema de conciencia y por tanto lo excluyó de los mandatos de la disciplina partidaria. “La disciplina partidaria se puede acatar, la hemos acatado y la vamos a seguir acatando en todas aquellas instancias en las cuales no nos afecten temas que nosotros entendemos que son de conciencia. Además, en el estatuto del Frente Amplio los temas de conciencia excluyen la obligatoriedad de respetar las decisiones. Con dolor tengo que decir que no vamos a transitar por la disciplina partidaria porque esto se convierte para nosotros en un tema de conciencia”, señaló.
Luego invitó a buscar otra forma de anular la Ley de Caducidad. “Pueden tener la certeza, en especial nuestros compañeros del Frente, de que vamos a seguir a peleando con todas nuestras fuerzas por verdad, por justicia, por juicio y por castigo a los culpables”, dijo.
El diputado José Bayardi fue uno de los primeros en hablar. Y dedicó su intervención a defender la importancia de respetar las determinaciones de los partidos políticos, en clara alusión a lo que más tarde haría y diría Semproni.
“Nosotros no vivimos en ninguna monarquía, ninguno de nosotros es más que el partido político que lo trajo y lo sentó acá. Y voy a reivindicar al partido político, la democracia imperfecta interna de mi partido, que hay que corregir, que hay que superar pero que tomó una definición por unanimidad de cuál debe ser el comportamiento de su bancada de diputados. No llegamos acá sin el partido. Pienso que no violento la lealtad a mi presidente si vengo acá a defender lo que piensa mi partido”, afirmó.
Antes de él, el primer diputado que había hablado por el oficialismo había sido Felipe Michelini. Argumentando a favor de la norma en análisis dijo que no era inconstitucional y que a 30 años de los crímenes cometidos por la dictadura los familiares siguen esperando -“por razones de Estado”- la posibilidad de conocer la verdad de lo sucedido.
“Como legislador, como ciudadano, no me alcanza recitar el haz de derechos que nuestra constitución reconoce y garantiza. Dedico y dedicaré toda mi energía para que nunca más pueda ocurrir lo que ocurrió en la época del terrorismo de Estado y 30 años después se les continúe diciendo a las víctimas y a los familiares que deben seguir esperando por razones de Estado, por conveniencia de política o por no molestar a quienes pueden sentirse ofendidos por una acción de la Justicia independiente en la República”, señaló.
Michelini dijo que rechaza todas las observaciones jurídicas que se han hecho al proyecto. Remarcó que los militares “asesinos de escritorio” siguen impunes y que otros “siguen ocultando la verdad” sobre lo sucedido. Agregó que para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –que condenó a Uruguay por la vigencia de la Ley de Caducidad- y las declaraciones de inconstitucionalidad de esa norma dictadas por la Suprema Corte de Justicia, era necesario que el Parlamento aprobara el proyecto de ley interpretativo de la Ley de Caducidad.
El segundo en hablar fue el blanco Gustavo Borsari que basó su intervención en que el texto en estudio desconocía dos pronunciamientos populares y, además, no reflejaba la posición del presidente de la República. “Ni la dictadura desconoció el plebiscito del 80”, afirmó. Luego recordó que Mujica dijo en la campaña de cara al balotaje que terminaría ganado, que no le “enmendaría la plana” al pueblo, en referencia al resultado del plebiscito de 2009. El texto a estudio, entonces, es “el colmo del como te digo una cosa, te digo la otra”, ironizó. “La gente no aguanta más que le mientan”, agregó.
El legislador blanco afirmó que pese a la vigencia de la ley, hay 27 militares presos por delitos de lesa humanidad. Borsari fue particularmente duro con el canciller Luis Almargo, autor inicial del texto interpretativo de la Ley de Caducidad.
“Podrá venir el canciller de la República con todos sus técnicos a comisión a decirnos que hay fallos internacionales que obligan al Uruguay. Tiene que saber el canciller de la República que mucho más obligan los pronunciamientos de nuestro pueblo, tenga claro Almagro que después de haber metido a nuestro país en este problema y haber sido desautorizado claramente por el presidente de la República, lo menos que puede hacer es irse para su casa. Si no lo hace, a este Parlamento no puede venir más a aconsejar a ninguna comisión”, afirmó.
El legislador blanco José Carlos Cardoso habló de la inconveniencia del proyecto de ley redactado por el Poder Ejecutivo y corregido en el Senado. Señaló que para él fue un error intentar anular la Ley de Caducidad en lugar de buscar derogarla, extremo para el que presentó un proyecto.
“Confundir esto, anulación de la Ley de Caducidad, interpretar lo que hay que hacer en los juzgados, con la derogación, es por lo pronto leer muy poco. Porque la derogación lo que hace es lo que ha hecho el Parlamento siempre con aquellas leyes que son inconstitucionales”, señaló en referencia a las sentencias de la Suprema Corte que consideran inconstitucional a la Ley de Caducidad. “Estamos dando un debate sobre una ley que es letra muerta. El debate que quiere instalar la izquierda es ir para atrás. Es plantarse en el año 86. No quieren quitar la ley del sistema jurídico. Porque si quisieran eliminar la ley y alinear la legislación vigente con los organismos internacionales, bastaba con derogar una ley que está muerta”, afirmó.
El diputado colorado Fitzgerald Cantero llamó la atenciónsobre que hay camino a recorrer con la Ley de Caducidad y la aprobación del texto interpretativo hubiera tenido el efecto contrario al que buscan sus impulsores, dado que habilitaría los reclamos por inconstitucionalidad.
El legislador colorado dijo que si se aprobara este texto interpretativo y se desconociera dos pronunciamientos populares, el Frente Amplio hubiera desmentido que hay batllismo en su interior. Luego, recordó varias frases en las que Mujica anunciaba que respetaría el pronunciamiento popular.
Por el Partido Independiente, Iván Posada recordó que Mujica concurrió al Parlamento para pedir que este proyecto no se apruebe. Entonces, dijo, si se hubiera aprobado el proyecto, la propia bancada oficialista estaría debilitando a su presidente. "Un grave daño institucional", afirmó.
La diputada socialista Daisy Tourné también se refirió a la disciplina partidaria. “El que diga acá en este recinto que está siendo imparcial, francamente está mintiendo. Acá no hay nadie imparcial todos sabemos por qué levantamos o no las manos. Por suerte acá no hay lugar a las abstenciones. Hay que asumir el compromiso con todo lo que esto implica. Yo me hago responsable de lo que voy a hacer”, señaló.
Por reglamento del Poder Legislativo, el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que cuenta con media sanción del Senado, debería ir ahora a la Asamblea General. Allí deberían saldarse los diferentes pronunciamientos de ambas cámaras legislativas. Sin embargo, se necesitaría una mayoría especial para aprobarlo con la que no cuenta el Frente Amplio. Sería raro que desde el oficialismo se insista en ese camino con un proyecto de ley que parece haber naufragado definitivamente.
