En el comunicado, Unicef recuerda que en 1990 Uruguay ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y, por lo tanto, se comprometió a garantizar que ningún menor de 18 años sea juzgado como un adulto y a implementar un sistema de responsabilidad penal específico para los menores, que garantice la presunción de inocencia, el debido proceso legal y que la privación de libertad se utilice solo como medida de último recurso.
También recalca que en 2004 el parlamento uruguayo aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia, donde se establece un sistema específico para adolescentes entre 13 y 18 años, por lo cual, pese a las creencias de varios sectores de opinión pública, en Uruguay los adolescentes no son impunes.
En cuanto a la situación actual del sistema penal de adolescentes, la organización internacional hace un llamado de atención sobre las “inaceptables” condiciones en las que se encuentran los que están privados de libertad, y agrega que el número de fugas alimenta la percepción de impunidad que tiene la opinión pública.
Además, dice que es necesario fortalecer las penas alternativas a la privación de libertad –que en este momento son muy limitadas– y hacer avances en la asignación adecuada de recursos y en la capacitación de los operadores.
Por último, remarca que para que el número de potenciales “clientes” del sistema penal sea razonable, es necesario reforzar previamente las políticas que promueven los derechos sociales, económicos y culturales.
Este tema se enmarca en el debate público sobre seguridad ciudadana y adolescentes en conflicto con la ley, que llevó al Partido Colorado a iniciar una campaña de recolección de firmas para modificar la actual ley de imputabilidad.
