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El trabajo “Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina” fue hecho en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. El informe, en el capítulo que refiere a Uruguay, señala que la mayoría de los operativos policíacos de incautación de drogas decomisan no más de 10 gramos de drogas, por lo general de marihuana. “En otras palabras, si bien los lineamientos políticos pretenden priorizar las acciones en los medianos y grandes narcotraficantes, la mayoría de los operativos tienen que ver con la tenencia de sustancias en cantidades cercanas al límite de la definición de lo que podría ser tenencia para consumo”.

“Estas personas procesadas con no más de 10 gramos de sustancia, debieran ser candidatas a recibir penas alternativas y bajo ningún concepto deberían ocupar plazas en prisiones de alta seguridad”, sostuvo la investigadora Giorgina Garibotto, quien realizó el relevamiento en Uruguay. “Es un desperdicio de los recursos policiales y judiciales”, agregó.

El porcentaje de población privada de libertad por delitos relacionados con drogas en Uruguay es de 11 %, un número bajo frente al de otros países latinoamericanos. En el informe se destaca que Uruguay tiene una de las mejores políticas de drogas en el continente, donde la ley no penaliza el consumo de estupefacientes ni su tenencia para el consumo personal. Sin embargo, la poca utilización de penas alternativas y la lentitud en expedirse sobre los casos por parte del Poder Judical, lleva a que quienes son encontrados con sustancias terminen en centro de reclusiones de alta seguridad. “En ciertos casos, el uso de las penas alternativas a la prisión sería mejor, pues el encarcelamiento tiene un impacto sumamente negativo en la vida de estos jóvenes y en la de sus familias”, sostuvo Garibotto.

Cantidad de detenidos y procesados por la ley de estupefacientes y lavado de activos