Darío Montero entrevista a Martín Hopenhayn, director de Desarrollo Social de la Cepal.
"La premisa es que al ciudadano, por ser tal, le corresponde un umbral mínimo de subsistencia", explicó el director de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), para quien este sistema es la forma de "hacer transferencias en serio" a los sectores más vulnerables y abatir así la desigualdad.
Pero para sustentar esta asignación hace falta una reforma profunda al sistema fiscal, dijo Hopenhayn a IPS durante el seminario organizado por la Cepal a fines de noviembre en la sudoccidental ciudad estadounidense de La Jolla, como cierre de los cinco años de su proyecto "Experiencias en innovación social".
Las condiciones para asegurar un ingreso mínimo parecen consolidarse, según el reciente informe anual Panorama Social de América Latina y el Caribe de la Cepal, con la pobreza en franco retroceso peses a la grave crisis global que hoy hiere a Europa y Estados Unidos.
¿Cómo evalúa la situación social regional tras un lustro de bonanza, interrumpida por la crisis global de 2008?
Comparado con los años 80 y 90, hay una clara mejora de los indicadores sociales. Desde 2002 a la actualidad, la pobreza pasó de afectar a 44 por ciento de la población regional a 32,1 por ciento. La creación de empleos y al aumento de los ingresos familiares por salarios o programas sociales rompió con el estancamiento o tendencia en contrario de décadas.
Aunque parezca increíble por la tremenda crisis que soportamos, también se verificó un retroceso general de la pobreza e indigencia, aunque pequeño, en 2009 y este año. Los gobiernos han adoptado, a diferencia del pasado, criterios contracíclicos ante las crisis, se lanzaron a invertir y a proteger el empleo y los ingresos de los hogares pobres.
Lo otro positivo en este tiempo de cambios es que por primera en muchísimos años se registró una mejora en la distribución de la riqueza, aunque sigue siendo la región más desigual del mundo. Pero el índice de Gini mejoró en casi todos los países, en especial en Brasil y Venezuela.
¿Por qué la desigualdad resulta el hueso más duro de roer, pese a la instalación de gobiernos de izquierda con esa premisa en sus programas?
El mayor problema es que hay mucha dificultad para reducir brechas salariales, en parte por la alta incidencia del sector informal de la economía, donde, pese a avances, aún trabaja la mitad de la población urbana. Además, todavía subsiste un muy grande aparato productivo rezagado, sin acceso a mercado y baja especialización.
También el crecimiento se basa en las materias primas, que no generan demasiado empleo…
Ahí hay un dilema muy grande. El aumento notable de los precios internacionales de las exportaciones agrícolas y de recursos naturales ha sido un gran aliado para el crecimiento de muchos países, como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, pero el problema es que son áreas que generan muy poco empleo y que son concentradoras de riqueza.
El gran desafío para la región es diversificar la producción de riqueza.
Además el incremento de los precios agrícolas se replica en el mercado interno.
Ese es un gran problema. En este periodo analizado se hubiera podido bajar aun más la extrema pobreza si no fuera por la inflación en los precios de los alimentos, pues en ello este sector social gasta casi todos sus ingresos.
Hay casos excepcionales, como el de Argentina, donde el gobierno desacopló los precios domésticos de los internacionales en un alimento básico para este país como es la carne vacuna.
Pero esa política fue muy criticada adentro y fuera de Argentina.
Es dilemático. Pero debo decir que Argentina no tuvo un impacto demasiado negativo en sus exportaciones por esa medida y, en cambio, sí mejoró la posición interna.
¿Qué recomienda la Cepal a los gobiernos para combatir la desigualdad, cuando se augura un nuevo periodo de bonanza?
La primera recomendación es lo que nosotros llamamos el pacto fiscal. América Latina tiene en promedio una carga tributaria en torno al 17 por ciento del producto interno bruto (PIB), que es muy baja. En México, por ejemplo, no se pasa de 12 por ciento.
Para peor, la estructura de impuestos que, a diferencia de Europa, son indirectos, es muy injusta, porque hace que paguen todos por igual, ricos y pobres. Son tributos al consumo. En cambio son muy bajos los que se cobran a los ingresos de las personas y a las utilidades empresariales, además de haber muchas exenciones.
Entonces, una reforma al sistema tributario se hace vital. La combinación de crecimiento económico con mayor carga fiscal y más redistributiva se traduce en aumento de recursos para las políticas sociales. Para hacer transferencias en serio, desde lo social.
¿Es decir un aumento mayor del gasto social?
Actualmente la transferencia a los sectores pobres, con planes como el brasileño Bolsa Familia o el mexicano Oportunidades, es de apenas 0,5 o 0,6 por ciento del PIB. Sigue siendo muy bajo, pese al esfuerzo.
¿Qué pasa si podemos transferir recursos a todas las familias con cierto grado de vulnerabilidad social que los coloquen por encima de la línea de pobreza? Ello permitirá un desarrollo positivo de la infancia y mejorar así rendimientos educativos y reducir la desnutrición.
Es decir, encaminar la situación para romper la reproducción intergeneracional de la pobreza, la exclusión y la desigualdad.
¿La opción es instaurar un ingreso mínimo a las familias sin las contrapartidas exigidas hoy?
Hay una gran discusión en la región en cuanto a si vamos a pasar o no de los programas de transferencia condicionada hacia un ingreso ciudadano. Hasta ahora han sido con contraprestaciones y montos muy bajos.
El condicionamiento tiene una cierta lógica. Mata dos pájaros de un tiro: las familias tienen más ingresos y, a cambio, los hijos tienen una mayor continuidad educativa. Sin embargo, otra vez el ejemplo brasileño nos indica que el programa Bolsa Familia mejoró el ingreso, pero no ha variado la escolaridad de la infancia, porque ya es casi universal en primaria.
El punto es si vamos a pasar del sistema básico de protección social al de bienestar, y ahí está el concepto de ingreso ciudadano.
Tenemos que ver qué economías de la región están en condiciones de avanzar hacia un ingreso mínimo garantizado. La premisa es que al ciudadano, por ser tal, le corresponde un umbral mínimo de subsistencia.
¿Qué países están en condiciones de hacerlo?
Se deben combinar al menos cuatro variables: el ingreso por persona producto de la capacidad productiva del país, la carga tributaria, la cobertura de la seguridad social y el nivel educativo medio. En ese plano, los que más cerca aparecen son Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica, aunque Brasil no está tan lejos.
