La operación cuestionada en la Justicia es la transferencia de los permisos de Sarandí 690, Sarandí Sport 890, Disney FM 91.9 y la onda corta Integración Americana de Sarandí Comunicaciones S.A. al empresario Fernando Coelho, según informa Brecha en un artículo de la periodista Rosario Touriño. Esa transacción se concretó en abril de 2008.
El divorcio de una de las titulares de Sarandí S.A, Analía Liberman, es el origen de la denuncia. Su participación, del 25%, era un bien ganancial de su vínculo matrimonial. Su ex esposo denunció ante la justicia que no recibió nada por esa venta de acciones y que su firma, necesaria para concretar la transferencia, fue falsificada. La denuncia fue presentada el 20 de diciembre de 2009 en el Departamento de Delitos Complejos de la Jefatura de Policía de Montevideo, acompañada de tres informes de peritos calígrafos que sostienen que la firma es apócrifa.
Brecha agrega que Liberman también denunció que su propia firma fue falsificada.
Además de la vía judicial, hay un reclamo ante la Ursec que pide que la autorización de la transferencia de acciones caiga porque se hizo mediante información fraudulenta. Oficialmente la transferencia fue por 1.750.000 dólares.
Esta denuncia se suma a una anterior, presentada por los periodistas Edison Lanza y Gustavo Gómez, hoy director nacional de Telecomunicaciones. Allí se afirma que desde noviembre de 2008 el empresario mexicano Ángel González es el inversor y dueño de las radios del Grupo Sarandí así como las del Grupo del Plata (Emisora del Plata 95.5, Futura FM 91.1, FM Total 102.9 y otras cuatro radios del interior del país).
De confirmarse, esta concentración de 11 emisoras en un solo propietario viola la normativa vigente que establece un máximo de tres que, además, no pueden estar en la misma banda.
Gustavo Gómez, director nacional de Telecomunicaciones, recordó a 180 que él es uno de los denunciantes en este caso. “Lo que he hecho es excusarme formalmente del caso. Yo no puedo ahora como director de Telecomunicaciones participar de este proceso. Me excusé y respecto a los casos en particular no voy a emitir opinión. De hecho en la Dinatel simplemente los pasé, no quiero manejarlos yo, quiero darle garantías a todos especialmente a las personas denunciadas”, señaló.
De todos modos, Gómez confirmó la información que publica Brecha. “Yo confirmo toda la información que se da en la nota de Brecha pero no puedo opinar sobre el caso”, dijo.
Gómez consideró que ahora se debe esperar el pronunciamiento judicial porque se denunció un delito, la falsificación de firma. “Se vincula con los demás casos pero es independiente. No se cuestiona si concentra o no concentra, si hay testaferro o no, sino que hay una denuncia de falsificación de firmas”, afirmó.
Si la Justicia confirma la falsificación de firmas, la ilegalidad del contrato se comprobaría. La otra denuncia, en cuanto a la concentración de medios en una persona a través de testaferros, es más compleja porque “habría que valorar si las pruebas que se entregan son suficientes para configurar una infracción”, consideró.
Del Sol
Según publicó Búsqueda en marzo, González y Coelho también se habrían interesado por las emisoras del grupo Vargas Llerena: Emisora del Sol 99.5, FM Las Vertientes (Punta del Este), FM Latina (Punta del Este y Montevideo) y FM Caminos (Colonia).
Respecto a FM Latina tanto en Montevideo como en Punta del Este, la Ursec recibió un pedido de transferencia de titularidad a Ernesto Kreimerman, hermano del ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman. Esto fue confirmado a Brecha por Ernesto Kreimerman.
Gómez dijo que en este caso se trata de “una transferencia común que viene con una opinión positiva de la Ursec”. Agregó que la decisión sobre las transferencias así como las autorizaciones y una posible revocación de los permisos son competencia del Poder Ejecutivo. “Eso ha sido así siempre y no va a cambiar porque la competencia de la Ursec en ese sentido es solamente de asesoría”, afirmó.
Una posible decisión a favor de Kreimerman deberá ser tomada por su hermano en acuerdo con el presidente de la República.
