Según las inspecciones que se realizaron en las ciudades de Tacuarembó y Rivera y en el Balneario Iporá, de las 170 construcciones que se visitaron, 122 (72%) registraron irregularidades, siendo relevados 259 trabajadores. El informe explica que en la mayoría de los casos se trataba de obras sin afiliar.
En setiembre, fue el turno de Florida. Se hicieron 107 visitas, de las cuales resultaron con irregularidades 65 (61%), no estando inscritas 46 de ellas. También en Salto hubo un 65% de irregularidades y, según informaron de BPS, se sigue trabajando en el relevamiento de datos en otros departamentos.
El director Representante del Sector Trabajadores en BPS, Ariel Ferrari, dijo a 180 que dentro de la clasificación de “construcciones irregulares” se encuentran aquellas obras que se declaran como “autoconstrucciones” y en realidad corresponden a otro tipo de construcción. A esto se suman las obras sub declaradas –que son aquellas en las que se registran trabajos por 10 días, cuando en realidad se trabajó durante 20– y no declaradas. “En general son viviendas particulares, pero en casos como el de Iporá son de un tamaño importante y ahí no reside gente, si no que se hacen con objetivo de tener una casa de descanso”, dijo.
La no inscripción en tiempo y forma de una obra impone sanciones que se rigen de acuerdo al código tributario. Según dijo Ferrari, el no registro responde en su mayoría a la búsqueda de evadir impuestos y no a ignorancia de la gente que va a construir. “Muchos lo hacen para competir en forma desleal con otros empresarios de la construcción que cumplen con todas sus obligaciones y, por tanto, tienen un gasto mayor”, sostuvo.
Según los datos del BPS, hay unos 20.000 trabajadores que llevan a cabo sus tareas de forma irregular.
El presidente de la Cámara de Construcción, Ignacio Otegui, expresó a 180 que la postura de la Cámara ante esta situación es de “combate frontal”. “Esto complica al sector, lo pauperiza, pero a su vez complica a la sociedad porque hay que salir a cobrar más a quienes pagan sus impuestos y mantener el IVA alto por culpa de los que no pagan”, sostuvo.
De todas maneras, Otegui destacó que la informalidad bajó un 50% durante el periodo de gobierno anterior y hoy está focalizada en el interior del país, en edificios de menor volumen. En términos globales, las zonas de Colonia, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha representan entre el 65% y el 70% de la ocupación del país. El presidente de la Cámara de la Construcción dijo que durante el periodo pasado, las baterías para atacar este fenómeno se pusieron en esos departamentos.
Según datos de 2009 que maneja la Cámara de la Construcción –las cifras surgen de la comparación de índices del INE con datos de actividad del BPS –, actualmente el 22% de las construcciones que se llevan a cabo en todo el país, se hacen en condiciones de sub declaración o en negro. “Es un número elevado, porque alcanza la cifra de centenares de millones de dólares”, señaló.
Plan de fiscalización
Ferrari, representante del Sector Trabajadores en BPS, expresó que los últimos informes que se han hecho han dado resultados. “Se están divulgando obligaciones y derechos, y la presencia permanente puede hacer reflexionar a aquellos que creen que es más barato hacer las cosas por fuera de la ley”, dijo.
Ferrari explicó que hay un plan de fiscalización que se aprobó a principio de 2010 y una de las líneas que sigue es analizar sectores de mayor informalidad con datos del INE y cruzarlos con denuncias de trabajadores.
El sector de la construcción es uno de los que más ha crecido en el último tiempo y registra a unos 50.000 trabajadores en BPS.
