Según el Observatorio de los derechos de la infancia y la adolescencia en Uruguay, “los asuntos penales iniciados a adolescentes continúan siendo una porción menor en el total de asuntos penales. De hecho, el peso de los asuntos iniciados a los adolescentes en el total de los asuntos penales también ha decrecido”. Los datos que se sostienen con cifras del Poder Judicial indican que sólo un 4,5% de los delitos cometidos son llevados a cabo por menores de edad.
El Comité de los derechos del Niño Uruguay presentó una carta a la opinión pública donde se mostraban los datos relevados por el Observatorio en 2009. Luis Pedernera, coordinador del Comité de los Derechos del Niño de la ONU en Uruguay, dijo que esto se hizo porque “hay preocupación, ya que se está magnificando el tema de las infracciones cometidas por adolescentes, en términos que no se corresponden con los datos de la realidad”.
La publicación de esta carta se da en el marco de la presentación de un proyecto de ley por parte del diputado de Vamos Uruguay Germán Cardoso. La propuesta, presentada el 1 de setiembre, apunta a bajar la edad de imputabilidad.
El viernes, Cardoso anunció una campaña de recolección de firmas para plebiscitar su aprobación en caso de que el tema no se discuta este año. El proyecto establece que a partir de los 16 años las personas son penalmente responsables ante la ley y agrega que aquellos menores de edad que cometan delitos siendo menores, mantendrán sus antecedentes al alcanzar la mayoría. “Hoy el mundo ha cambiado. La Chile socialista de Michelle Bachelet bajó la imputabilidad a 14 años, la España de Zapatero a los 14 años y podemos dar un sin fin de ejemplos que hablan a las claras de que las normas deben adaptarse”, dijo Cardoso.
Sin embargo, Pedernera dijo que no está de acuerdo con esta afirmación. “Por qué hay que poner la cuña sobre el niño, cuando en el documento se dice que está cambiando la sociedad. Tenemos que ver cuál es nuestra responsabilidad y no poner acento en los adolescentes como chivo expiatorio”, señaló.
Además, el coordinador del Comité de Derechos del Niño, dijo que el proyecto tiene una confusión. Según explicó, en Uruguay los menores de 18 años pueden ser imputados por delitos y se puede establecer una sanción, pero la diferencia radica en que son juzgados por tribunales de adolescentes.
Pedernera expresó que las Convenciones de Derechos del Niño establecen que los niños y adultos no pueden recibir la misma respuesta penal. “Esto es porque el niño es una persona que se encuentra en desarrollo y está conformando su personalidad. La respuesta penal y la judicialización, más que soluciones, son un problema. Por eso la convención dice que la privación es excepcional y por el menor tiempo posible”, expresó. “En esta respuesta que se quiere dar, se está convencido de que la cárcel sirve y que las cárceles de adultos son un ejemplo a tomar porque son el paradigma de la resocialización. Pero lo único que han logrado las políticas de mano dura es poner más gente presa y en este caso se agregarían menores, que tienen que recibir un trato diferente”, agregó.
Para Pedernera se “confunden las cosas” en el proyecto. “Si nosotros queremos un sistema que impute, eso ya existe y es a los 13 años en Uruguay. El menor puede terminar preso en los mal llamados hogares del INAU, que son cárceles que están tan o más deterioradas que las de los adultos”, dijo.
Por su parte, el diputado Cardoso afirmó que tiene una visión diferente. “En Uruguay el 50% de los delitos violentos en los últimos tiempos han sido protagonizados por menores infractores. Si tomamos el delito de homicidio, hoy en Uruguay estamos hablando en el entorno de 100 personas muertas por año en manos de menores infractores”, sostuvo. “Si se toma el delito de homicidio por el código de la Niñez y la Adolescencia, el promedio de pena que se recibe es de dos años y la mitad a los seis meses se fuga”, agregó.
Los números a los que hace referencia Cardoso surgen de informes que se elaboraron con cifras del Ministerio del Interior. Cuando el diputado habla de “delitos graves”, se refiere a homicidio simple, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, violación, lesiones graves, lesiones gravísimas, violencia doméstica, disparo con arma de fuego - acometimiento con arma apropiada, rapiña y copamiento.
Cardoso dijo que quienes argumentan en contra “quieren defender un sistema que se basa en teoría y no se sostiene en la práctica”. “¿Quién puede pensar que los hogares del INAU hoy rehabilitan a alguien? Me parece que estamos de acuerdo en que no. Esperemos avanzar a un sistema que rehabilite y, por suerte, el gobierno va a disponer de mayores recursos en el presupuesto nacional para construir unidades”, expresó.
