Se trata de algo gravísimo, un escándalo mayúsculo de corrupción que se venía perpetrando de tiempo atrás. El problema abarca el período de gobierno anterior, Presidencia del Dr. Vázquez y Ministerio de Defensa ocupado por la Dra. Azucena Berruti y el Dr. Bayardi (actualmente diputado y en régimen de silencio autoimpuesto).
Hay unas 16 investigaciones en curso ordenadas por el Ministro Rosadilla. Una de esas investigaciones refiere a la compra de unas lanchas que el contingente uruguayo desplegado en Haití a las órdenes de las Naciones Unidas necesitaba para cumplir su misión de paz. Se investigan sobreprecios, licitaciones, etc. Ese mismo asunto -la compra de las lanchas- suscitó en su momento (tres años atrás) un pedido de investigación de parte de la bancada del Partido Nacional. El Frente Amplio, haciendo jugar su mayoría absoluta en la Cámara, puso en juego la mano de yeso y se negó a la creación de la Comisión Investigadora solicitada y el asunto quedó tapado hasta ahora. Uno de los diputados que votó en contra y se opuso a la investigación fue el actual Ministro Rosadilla, hoy acosado por las denuncias.
Estos episodios me llevan a una reflexión sobre cierta filosofía apresurada respecto al delito y la delincuencia que generalmente sostienen las izquierdas de todo el mundo y que sacan a relucir los gobiernos de ese signo cuando aparecen episodios delictivos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana. La tesis que manejan –y que Ud. habrá escuchado mil veces- es que no se puede disociar el delito de su contexto social porque allí están las causas que lo generan. No hay manera eficaz de encarar las conductas delictivas –dicen- si no se toma en cuenta el ambiente donde se desenvuelve el delincuente; la estrechez económica, la marginación, el desempleo y la disolución social. Eso debe ser atendido primero, antes que encararse con el ciudadano que delinque.
Esta tesis esconde (y no tanto) un profundo desprecio y un prejuicio social. Parte de la base de que solo los pobres delinquen: los ciudadanos que no tienen problemas de pobreza o marginación no delinquen porque no tendrían motivos o causas. El aristocratismo que, sin darse cuenta, sostiene esta tesis es apabullante. Parece bien intencionada pero termina enchastrando al boleo a todas las personas –muchas de ellas honestas y ejemplares- que son pobres, viven mal, pero no se les ocurre salir a delinquir y menos aceptar la disculpa de que, por ser pobres, podrían aceptar el delito.
Lo que ha pasado en la Armada Nacional es un ejemplo más de la inconsistencia y el elitismo que tiene esa teoría que explica el delito en función del ambiente social y la situación económica.
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