Inmediatamente asumido el nuevo gobierno, se conformó una comisión que tenía como objetivo estudiar -a partir de la demanda de la tabacalera Philip Morris- cómo era posible reordenar jurídicamente los textos alusivos a la política anti-tabaco, sin modificar las medidas ya conocidas. Esa comisión, integrada por el pro-secretario de la Presidencia, Diego Cánepa, y los ministros de Salud, Daniel Olesker, de Economía, Fernando Lorenzo, y de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, trabajó en reserva.
“No podíamos decir cuáles eran nuestros pasos”, dijo Olesker a No Toquen Nada (Océano FM). “En esa comisión buscamos la mejor solución para proteger al país sin cambiar la política anti-tabaco”.
“Un error jurídico”
El ministro de Salud Pública explicó en No Toquen Nada porqué hay que hacer “ajustes jurídicos” a las normativas referentes a las políticas anti-tabaco.
La ley del Control del Tabaquismo es de marzo del 2006. Dos años más tarde, se aprobó una resolución que establece el uso de los pictogramas en el 50% del espacio de las cajas de cigarros. En 2009, un decreto indica que ese espacio pasará del 50 al 80%.
Por último, una resolución ministerial u ordenanza establece que puede haber una única presentación o marca por firma comercial. Olesker dejó en claro que, en ningún caso, se va a habilitar la utilización de las presentacions light, ultra ligh o culquier otra marca que sea engañosa, según lo que está demostrado a nivel internacional.
La ordenanza es el objeto de la demanda.
Según el gobierno, lo que sucede es que esos decretos y resoluciones tienen menor valor jurídico que una ley. Como el juicio se basa en una ley de inversiones, Olesker explicó que Uruguay está en desventaja para afrontar la instancia.
La solución a esto podría ser agrupar todas las normativas en una nueva ley anti-tabaco, o bien, dejar sin efecto la resolución del Ministerio.
“Lo que hay es una demanda porque hubo un error jurídico”, resumió Olesker. “Recordemos que es una demanda por inversiones y patentes realizada en el tribunal de la Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) y el Tribunal del Banco Mundial, que es el que regula los tratados de libre petición de inversiones”.
Las declaraciones
Según Daniel Olesker, lo que dijo el viernes en el programa La Noticia y Su Contexto (canal 5) se malinterpretó. Sus palabras fueron: “Vamos a llevar (los pictogramas) al 65%. Es una proporción mayor a la que exige el Convenio Marco, pero menor a la que hay hoy en día. La exigencia la estamos más que cumpliendo”. El Convenio Marco establece que las cajillas deben tener -al menos- la mitad de su espacio destinado a una imagen vinculada al riesgo del consumo. Hoy en día, en Uruguay se dedica un 80% del espacio a ese fin.
Olesker afirmó que esa medida -en el momento de las declaraciones y también ahora- se encuentra a estudio del presidente, José Mujica. “No hay flexibilización. Las medidas siempre estuvieron congeladas, a la espera de una decisión que todavía no se había tomado”.
“En el gobierno estábamos mirando qué nos protegía mejor (de la demanda) y las organizaciones que promueven la lucha contra el tabaco pusieron el tema sobre la mesa, sin saber qué estábamos haciendo nosotros”, indicó. “Quien tiró las medidas a la prensa fue el Centro de Investigaciones para la Epidemia del Tabaquismo. Ellos sacaron la reserva, salieron a hablar de un punto que nosotros habíamos mantenido en estricta reserva”.
La demanda
La tabacalera Philip Morris anunció en febrero que comenzaría “un proceso de arbitraje internacional, con el fin de buscar una reparación al daño causado por las medidas regulatorias tomadas por el Poder Ejecutivo en los últimos dos años”. Argumentaron que las medidas -decretadas por el gobierno de Tabaré Vázquez- perjudicaron las inversiones de la empresa en el país y cercenaron el derecho de la compañía a utilizar sus marcas registradas.
El ministro aclaró que Philip Morris “obviamente no entra al terreno de los juicios por temas de salud, porque ahí pierde, sino que ingresa por el tema de protección de inversiones”, argumentando pérdidas causadas por las medidas tomadas en el gobierno de Tabaré Vázquez.
Fue entonces que “ante este error jurídico y ante esta demanda” la comisión integrada por Olesker, Almagro, Lorenzo y Cánepa trabajó en reserva sobre el tema y llegó a la conclusión de que “hay un objeto de demanda del cual hay que proteger a Uruguay, respecto al derecho internacional, porque los impactos pueden ser muy importantes”. Entre lo que se está estudiando, según dijo el canciller en conferencia de prensa, está la posibilidad de una nueva ley que reúna todas las normativas ya existentes.
Consultado por si se reunieron con representantes de Philip Morris, Olesker respondió: “nosotros comenzamos a estudiar el objeto de la demanda, vimos que estábamos desprotegidos y que teníamos que buscar la mejor protección, sin retroceder en la política de tabaco”.
“Sabemos que estamos ante un poderoso enemigo. No somos ingenuos”, comentó el ministro, quien recordó “la política depredadora de precios” que aplicó Philip Morris cuando el gobierno comenzó a implementar medidas anti-tabaco. La empresa disminuyó los costos de sus productos para aumentar su participación en el mercado.
“Nuestra discusión fue de normas jurídicas y de re-ordenamiento jurídicos”, concluyó. “Está claro que la discusión que estamos dando es cómo reordenarmos jurídicamente”.
Olesker remarcó en más de una oportunidad que la política anti-tabaco se mantendrá intacta.
En ese sentido, resumió los cinco pilares de la ley 18.256, aprobada en el año 2006. “Primero: ambientes cien por ciento libres de humo de tabaco y su fiscalización. Segundo: las advertencias sanitarias. Tercero: la prohibición absoluta de publicidad. Cuarto: la incorporación de la obligatoriedad del diagnóstico y el tratamiento de la dependencia del tabaco, en el primer nivel de atención en centros públicos y privados. Quinto: la prohibición de términos, marcas, signos o promociones que creen la falsa impresión de que determinado producto es menos nocivo que los otros”. Agregó que, más adelante, se sumó un sexto punto: la política tributaria que supone incrementar los impuestos al tabaco y, por ende, el aumento de su precio al consumidor. Aseveró que “esos seis puntos no están en discusión”.
